En medio de lo que aparece como una falla en la cadena jerárquica, el gobierno de Mauricio Macri dio marcha atrás con el nuevo protocolo nacional para la interrupción legal del embarazo (ILE), publicado ayer en el Boletín Oficial. La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, será la encargada de revocar la resolución que firmó el secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, al que -varios en el macrismo- acusan de no haber consultado la letra del texto.
La resolución 3158/2019 causó casi el mismo revuelo que su posterior anulación. Según fuentes del Poder Ejecutivo, Stanley no fue consultada sobre el protocolo que buscaba reemplazar al que rige desde 2015; "mucho menos el Presidente", que rápidamente respaldó a la ministra para que corrija el escrito a través de otra resolución, que se difundirá hoy, así como también para que le pida la renuncia a Rubinstein.
Aunque desde la cartera de Desarrollo Social aseguraron a BAE Negocios que Stanley "no le pidió la renuncia" al secretario de Salud, en la administración central dan por descontada su salida del ministerio.
"Si bien su postura pública siempre fue a favor del aborto, esta vez Rubinstein se cortó sólo", dijeron desde la Casa Rosada. Y agregaron: "Es inentendible que haya tomado semejante decisión cuando faltan veinte días para terminar el gobierno". Lo que hasta ayer nadie logró explicar es cómo el nuevo protocolo llegó a publicarse en el Boletín Oficial sin la anuencia, como mínimo, de la ministra de Desarrollo Social.
La postura del secretario de Salud sobre la interrupción voluntaria del embarazo no es un tema menor dentro del Gobierno, sobre todo si se tiene en cuenta que quien está por arriba de él en el escalafón jerárquico tiene una posición contraria a la legalización del aborto. Stanley, al igual que otros funcionarios -incluido el propio jefe de Estado-, dejó entrever en más de una oportunidad cuál era su pensamiento sobre esa cuestión.
Uno de los primeros legisladores oficialistas en pronunciarse abiertamente en contra del protocolo para el aborto no punible fue el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, a través de su cuenta de Twitter: "Me parece lamentable y claramente inconstitucional la resolución del secretario de salud ampliando de manera irresponsable las causales de aborto no punible y limitando la objeción de conciencia médica". Y agregó: "El secretario de Salud de la Nación no puede pasar por encima de un debate de seis meses del Congreso Nacional y legislar por sí mismo, contradiciendo normas de rango constitucional".
Como sucedió días atrás con el golpe de Estado en Bolivia, desde el radicalismo se diferenciaron de PRO respecto al protocolo, lo que podría abrir una nueva fuente de conflicto entre ambos espacios políticos. Tanto el dirigente radical Ernesto Sanz como el ex diputado de la UCR Ricardo Gil Lavedra brindaron su apoyo públicamente a Rubinstein, quien, hasta el cierre de esta edición, evitó dar su versión de lo sucedido.