La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires dio marcha atrás con el fallo que habilitaba dar prisión domiciliarias a internos de las cárceles bonaerenses ante el riesgo de brotes de contagio por coronavirus.

El juez de Casación Víctor Violini había hecho lugar a un hábeas corpus colectivo de presos que solicitaron la reclusión domiciliaria ante la situación de hacinamiento que se vive en las cárceles y la posibilidad de transmisión, pero ahora la máxima autoridad de la Justicia provincial retrocedió con la medida.

Con voto unánime y criterio unificado, así lo definieron en su sentencia los jueces Daniel Fernando Soria, Luis Esteban Genoud, Eduardo Julio Pettigiani, Hilda Kogan, Sergio Gabriel Torres y Eduardo Néstor de Lázzari.

Ahora resta conocer si el defensor ante Casación Mario Coriolano apela ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde podría llegar a debatirse el tema.

En su fallo, la Suprema Corte establece que son los jueces y tribunales de manera independiente quienes deben revisar y evaluar las peticiones deducidas por los procesados o condenados a su disposición mediante un juicio debidamente motivado, considerando los derechos de las víctimas.

El tribunal estableció una serie de directrices orientadoras relativas a los grupos de mayor riesgo ante el coronavirus.

Esto aplica para los detenidos procesados o condenados, según el tipo de delito cometido, la pena otorgada o que tiene en expectativa, la situación de la víctima al momento de la decisión y, entre otros aspectos, su relación con el domicilio constatado del procesado o condenado reclamante, entre otros.

La Suprema Corte afirmó que la mera remisión a la clasificación de delitos leves y graves empleada para otorgar medidas alternativas carece de base legal, y que cada pedido debe ser revisado porque persigue algo inmediato y masivo que interfiere contra el necesario actuar de los jueces competentes.

De esta forma, cada situación es analizada por cada juez o tribunal que lo recibe y no en base a un fallo que englobe todas las situaciones, como sucedía con el de Violini.

El máximo tribunal provincial recordó en el fallo la prohibición de detenciones en seccionales policiales, como las hay en el ámbito bonaerense, de presos enfermos, menores de edad, embarazadas, y con hijos menores de 5 años.

También exhortó a los poderes legislativos y ejecutivo provincial, a este último sobre la importancia de ajustar las medidas y programas a su cargo de carácter específico para atender la pandemia en el contexto de situaciones de encierro a las recomendaciones y directivas emanadas de la Organización Mundial de la Salud y el Comité Internacional de la Cruz Roja.