Movimientos sociales y grupos piqueteros auguran un febrero y marzo “movidos” debido a movilizaciones programadas para exigir obra pública para las cooperativas y una urgente atención a lo que califican como una situación de emergencia alimentaria, en el marco de una relación “muy tensa” con la administración del presidente Mauricio Macri.

"El Gobierno cambió la política social y la situación es distinta. Nosotros tenemos otro diagnóstico de la emergencia. Por eso nos pareció importante presentar con fuerza nuestro reclamo en las puertas del Ministerio (de Desarrollo Social) y en el Congreso. Febrero y marzo serán movidos”, dijo a Daniel Menéndez, de Barrios de Pie, en referencia a la protesta del 24 de enero.

Desde inicios de 2015, los “Cayetanos” -así llamados por levantar la agenda del Papa Francisco y movilizar desde Liniers, donde se encuentra la iglesia de San Cayetano-, es decir la CCC, la Cetep y Barrios de Pie, se reúnen todos los lunes para revisar la agenda y establecer acciones, por lo que se espera que mañana anuncien día y hora de las próximas movilizaciones.

Para Gildo Onorato, secretario de Políticas Sociales del Movimiento Evita e integrante de la Cetep (Confederación de Trabajadores de la Economía Popular), la provincia de Buenos Aires que “tiene ahora 40 mil millones de pesos más” y en la que hay leyes y programas que benefician a los sectores populares “tendrá que responder”.

"Vamos a pedir que el 25% de las obras públicas de la provincia de Buenos Aires y el 25% de las compras que hace el Estado estén en manos de cooperativas. De esa manera se van a fortalecer la economía y la producción popular”, indicó Menéndez.

Onorato agregó que otros ejes son la aplicación de la ley de Emergencia Social -votada en diciembre del 2016 y reglamentada en marzo del 2017- pasará por discutir “cómo se implementa esa ley” y, la voluntad de ingresar al Consejo del Salario Mínimo y Vital que integran el Gobierno, empresarios y la CGT.

Recordó que la Cetep es una organización gremial que agrupa a trabajadores que están fuera del mercado laboral formal pero que, gracias a la ley de Emergencia Social, perciben un salario que depende de las discusiones en el ámbito del Ministerio de Trabajo que se realizan en junio.

Ménendez constituye, dentro del triunvirato de los movimientos sociales, la punta de lanza en el tema de la emergencia alimentaria, y aunque juntos a sus socios buscaban una ley, en las discusiones con el gobierno a fines del 2017, aceptaron un programa que aún no encuentra aplicación.

"Empezamos a trabajar para desplegar el programa, pero vino el Gobierno y nos dijo que hay otros plazos, que hay que esperar y que el universo a atender es muy acotado. Nosotros vemos que hay gravedad y premura así que no nos podemos quedar de brazos cruzados”, afirmó Menéndez a esta agencia.

Por su parte, Cristóbal Cervera, del Frente Popular Darío Santillán -organización que junto a otras más de base se incorporó a las reuniones de los Cayetanos a fines de 2017- destacó la unidad de las organizaciones sociales y reclamó el “fin” de la estigmatización mediática contra los referentes populares.

Cervera reivindicó la importancia y necesidad del trabajo que los distintos colectivos realizan en la población “es muy serio lo que hacemos, no sólo intentando paliar el hambre a través de los miles de comedores sino con los empleos genuinos de las cooperativas de trabajo, la contención a los chico. golpeados por la droga y los jardines y escuelas reconocidas oficialmente”. 

"Nuestra prioridad es que las condiciones de vida de las familias trabajadoras no sigan empeorando” afirmó y añadió “no queremos más campañas de desprestigio hacia dirigentes sociales y gremiales honestos”.

De las tres organizaciones principales que conforman los movimientos sociales, Cetep -que tiene entre sus referentes a Juan Grabois- es la de mayor identificación y relación con el papa Francisco por eso no sorprende que entre sus apuestas para la agenda de 2018, el diálogo con el Gobierno esté asentada en el fuerte vínculo con la nueva Conferencia Episcopal Argentina (CEA).

"Vamos a pedir al presidente de la CEA, monseñor Oscar Ojea y a. de la Pastoral Social, monseñor Jorge Lugones que intercedan ante el gobierno para que el diálogo llegue a buen puerto” anticipó, además, Onorato.