La ministra de Justicia, Marcela Losardo, aseguró que “no existe un plan de liberación generalizada de presos” por parte del Gobierno nacional, ante los cuestionamientos y acusaciones que surgieron en los últimos días sobre las decisiones tomadas para evitar un colapso del sistema penitenciario por la expansión del coronavirus en las cárceles.

"El Poder Judicial es quien toma la decisión de detener gente, enviarla a un centro de detención o excarcelarla", recordó la funcionaria en declaraciones a Radio Mitre, y aclaró que "no es un tema del Ministerio de Justicia".

Losardo remarcó que “la posición del Gobierno la definió ayer el Presidente; no existe un plan de liberación generalizada ni dirigida a un caso particular”, y subrayó que "nadie está de acuerdo con sacar a violadores o asesinos" a la calle.

En este sentido, aseguró que, desde el Poder Ejecutivo que ella integra, "no se van a disponer indultos, ni amnistías, ni conmutación de penas".

Es el Poder Judicial el que define si hay personas detenidas que corren riesgo de contagio y por eso deben continuar cumpliendo su condena en un domicilio con una tobillera electrónica”, insistió luego en declaraciones a Radio 10.

Losardo afirmó que, en cuanto al rol que le corresponde a la cartera que conduce, “lo único que se hizo desde el Gobierno es, a pedido de la Justicia, enviar un informe sobre la situación de aquellos que se encuentran detenidos en una situación de riesgo por el Covid-19, según los criterios de la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud”.

En el informe se incluyó a “gente que está hace tres años y está por cumplir su condena, a mujeres embarazadas, a personas enfermas con un alto riesgo en relación con el coronavirus”, detalló, aunque aclaró que “es cada juez el que define la situación de cada detenido”.

"Se ha generado una situación que no es la real por un temor fundado o por falta de conocimiento”, sostuvo en referencia a las cifras, porque de un total de 12.579 detenidos en el sistema federal de todo el país, "salieron 320 con prisión domiciliaria y lo determinó el Poder Judicial”.

Sobre el pedido que realizó la Secretaría de Derechos Humanos para que den prisión domiciliaria al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, Losardo señaló que el responsable de esa área, Horacio Pietragalla, “tiene autonomía para presentarse como ‘amicus curie’ en la Justicia cuando considera que hay una violación” de derechos de la persona.

“En este caso, fue solicitado por la familia de esa persona y la Secretaría no necesita autorización ni del Presidente ni del Ministerio de Justicia para realizar la presentación”, explicó.

Losardo también remarcó que, al igual que en el caso de la prisión domiciliaria, “esto lo decide la Justicia” y, además, recordó que la solicitud realizada en el caso de Jaime “fue rechazada” por el Poder Judicial.

En ambas entrevistas radiales, la ministra aclaró que, desde el Poder Ejecutivo, “no podemos decirles al Poder Judicial lo que deben hacer; sólo le damos la información que requieren; desde el Gobierno nadie puede definir liberar presos”.