La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, dispuso la anulación del "Protocolo general de actuación de registros personales y detención para personas pertenecientes al colectivo LGBT", que había sido creado por su antecesora, Patricia Bullrich, al considerar que reforzaba la "criminalización" y daba "un marco de simulada legalidad a prácticas abusivas y violatorias de los derechos humanos".

La nueva norma consideró que "resulta oportuno establecer que cada una de las fuerzas policiales y de seguridad, en articulación con la Subsecretaría de Derechos, Bienestar y Género y la Subsecretaría de Formación y Carrera del Ministerio de Seguridad, deberá incorporar la perspectiva de la diversidad sexual y de género a sus programas de formación y capacitación".

Entre otras cuestiones dispone que se respete la identidad de género mediante la "utilización del nombre y género adoptados" más allá "de si se ha realizado o no, el cambio de nombre y sexo registral en el Documento Nacional de Identidad", y que se garantice "la utilización de las instalaciones diferenciadas por género, que se correspondan con su identidad de género". Además, se exigió que el personal garantice "el respeto a la identidad de género autopercibida y la orientación sexual" hacia las personas "LGBTI+ incluyendo infancias y adolescencias, siguiendo los protocolos generales de actuación" en particular "en los procedimientos de aprehensión, detención, requisa personal, revisación médica".