Los organismos de derechos humanos manifestaron hoy su “profunda preocupación por la actual situación del país” y advirtieron sobre “la aplicación de políticas económicas que perjudican a las grandes mayorías”, medidas que “el gobierno sólo puede garantizar con persecución y represión”.

“Es innegable que desde hace poco más de dos años estamos viviendo tiempos peligrosos para el ejercicio de los derechos, para el reclamo y la protesta y para opinar públicamente de forma crítica hacia el gobierno. Son peores aún para defenderse de las injusticias llevadas adelante por miembros del Poder Judicial”, sostiene el documento que lleva las firmas de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, H.I.J.O.S. Capital, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la APDH La Matanza, entre otros.

Las agrupaciones denunciaron que “la Argentina está sometida a un estado de excepción permanente que permite el atropello y la violación de los derechos del pueblo” y que “a la luz de los escandalosos e ilegales procesos judiciales que se llevan adelante contra importantes dirigentes de la oposición política, es el propio Estado de derecho el que está en peligro: inversión de la carga de la prueba, vulneración del principio de inocencia, condena sin juicio previo, abuso y distorsión de la prisión preventiva, doble estándar en el acceso a la justicia y violación sistemática del debido proceso son las herramientas de persecución que utiliza la justicia”.

Subrayaron además “que la complicidad de los grandes medios no alcanza para ocultar la crisis económica, ni el endeudamiento, ni los despidos, ni el desmantelamiento de políticas públicas de inclusión”.

Tras afirmar que la realidad los “angustia” pero que al mismo tiempo les “exige continuar haciendo frente a tantas injusticias”, advierten que seguirán “reclamando la libertad a los presos y presas políticas y la independencia de la justicia”, así como “denunciando el avance de la violencia institucional, incrementada con la aplicación de decretos que otorgan a las Fuerzas Armadas actuar en asuntos de seguridad interior”, “los casos de gatillo fácil y la militarización de zonas de frontera, y territorios habitados por las comunidades originarias”, como también la “persecución al pueblo mapuche en la Patagonia y la criminalización de la protesta en todo el territorio argentino”.

En otro párrafo, apuntaron contra “las políticas económicas de miseria promovidas por el gobierno nacional”, y se mostraron “alertas, acompañando cada uno de los reclamos y las protestas en defensa de nuestros derechos”.

Los organismos advierten que acudirán “como hace cuarenta años a organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos” volviendo a llevar su voz “a las Naciones Unidas, a la OEA, al Vaticano y al Parlamento Europeo”, mientras que en Argentina mantendrán reuniones “con las iglesias, las representaciones diplomáticas y los miembros de la Corte Suprema”.

Finalmente anunciaron que convocarán "a los representantes de Bloques parlamentarios, a las centrales sindicales, a los dirigentes de los movimientos sociales a defender de manera irrestricta el sistema democrático".