El Juzgado Penal Económico de la Provincia de Jujuy, ordenó este viernes la liberación de la dirigente social Milagro Sala en el marco de la denominada "Megacausa", aunque continuará cumpliendo prisión domiciliaria debido a otra investigación que se le sigue, conocida como "Pibes Villeros".

El juez en lo penal económico de Jujuy Rodolfo Miguel Fernández, que lleva adelante la Megacausa desde septiembre, consideró que de mantenerse la medida de restricción, se estaría ante una violación del derecho constitucional a ser juzgada en un plazo razonable o ser puesta en libertad, según establece la Convención Americana de Derechos Humanos.

"La prisión preventiva está limitada por los principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad, indispensables en una sociedad democrática, al tiempo de constituir la medida más severa que se puede imponer a un imputado", argumentó el magistrado.

La revocación de la prisión preventiva para la líder de la Tupac Amaru se conoció este viernes mientras la activista social espera la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sobre un recurso de queja presentado por sus abogados defensores para anular el juicio "Pibes Villeros", otra causa por el cual fue condenada a 13 años de prisión, resolución que aún no quedó firme.

La Megacausa, investigación impulsada por el actual mandatario jujueño, Gerardo Morales, cuando inició su primera gestión en 2015, indaga el presunto desvío de fondos públicos para la construcción de viviendas, la que promovió la imputación de 23 personas, entre ellos ex jefes comunales, el ex gobernador de la provincia Eduardo Fellner y Sala, quien cumple un arresto domiciliario.

El cese de la prisión preventiva alcanza además a las dirigentes Mirta Aizama y Gladys Díaz, quienes recuperarán la libertad tras permanecer más de dos años con arresto domiciliario.

"Al analizar la causa advertimos que las tres imputadas venían sufriendo una prisión preventiva desde el 11 de abril de 2016 y al 11 de abril de 2018 se completaron los dos años que puede durar el proceso penal de conformidad con el artículo 13 de nuestro Código Procesal Penal", aclaró Fernández en declaraciones a la prensa local.

Sobre ese punto argumentó: "Hay tratados internacionales, como el Pacto de San José de Costa Rica, que dice que toda persona que esté privada de la libertad por más de dos años y no tenga sentencia deberá ser puesta en libertad", refirió.

Fernández reemplaza al magistrado Isidoro Cruz, declarado incompetente en la causa.

La decisión judicial también establece que Sala, Aizama y Díaz deberán prestar "caución juratoria, fijar y mantener domicilio, y permanecer a disposición del Juzgado en lo Penal Económico y Delitos contra la Administración Pública", a cargo del juez Fernández.

Por su parte el abogado de la líder de la Tupac Amaru, Luis Paz, dijo que la dirigente social "solo sigue detenida por la causa Pibes Villeros y esperamos que la Corte Suprema de Justicia resuelva prontamente el recurso de queja que se presentó por parte de la defensa y que ordene definitivamente la nulidad del juicio como lo pedimos", sostuvo.

La decisión de la justicia conocida el viernes se suma a la revocatoria de prisión preventiva dictado por la Cámara de Casación Penal cuando resolvió la prescripción de una condena de cuatro años de detención en la causa conocida como "Luca Arias" y le otorgó la libertad, en septiembre último.

Sala está presa desde enero de 2016 por la causa "Pibes villeros", en la que fue condenada por el delito de asociación ilícita a 13 años de prisión por la malversación de $29 millones en el programa "Mejor vivir 2", por el que se recibieron fondos, pero no se concretaron las obras.

La dirigente social estuvo primero alojada en el Penal de Alto Comedero hasta que en 2018 le otorgaron la prisión domiciliaria y desde ese momento están en su casa del barrio capitalino de Cuyaya.