La causa de los peajes tendrá a varios funcionarios macristas desfilando (vía Zoom) por tribunales en los próximos días, luego de que el juez federal Rodolfo Canicoba Corral ordenara este martes el llamado a indagatoria del ex director de Vialidad Nacional, Javier Iguacel; el ex ministro de Economía, Nicolás Dujovne; el ex ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y el ex procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías.

Se buscará dilucidar si estos ministros y otros funcionarios del Gobierno anterior defraudaron al Estado al prorrogar los contratos de concesión de Autopistas del Sol (AUSOL) y Grupo Concesionario Oeste (GCO), a pesar de que las empresas habían incumplido con sus obligaciones y reclamaban deudas millonarias.

La resolución de Canicoba Corral reza: “Se investiga las maniobras defraudatorias y actos en violación a las leyes vigentes que resultaron gravemente lesivas para las arcas del Estado, llevados a cabo por los funcionarios públicos, en convivencia dolosa con particulares, que intervinieron en las negociaciones y procedimientos de renegociación Integral del Contrato de Concesión del Acceso Norte de la C.A.B.A”. También se analizará en el mismo expediente la concesión del Acceso Oeste.

La causa se inició por una denuncia presentada a la justicia por los diputados kirchneristas Rodolfo Tailhade y Leopoldo Moreau, quienes sostienen que el gobierno macrista montó un escenario que incluyó dos reclamos millonarios de la empresa española Albertis –accionista de Ausol y Grupo Concesionario del Oeste- ante el tribunal de arbitraje del Banco Mundial CIADI por atrasos tarifarios para poder llevar adelante la cuestionada prórroga de las concesiones.

Apenas unos días antes de que Mauricio Macri asumiera la presidencia en diciembre de 2015, el grupo Abertis presentó una demanda ante el CIADI por el congelamiento de tarifas aplicado en dos de las concesiones de Ausol y GCO tras el estallido de la crisis de 2001.

En 2016, por una resolución de la Dirección de Vialidad Nacional, conducida en ese momento por Iguacel, se extendieron las concesiones a Autopistas del Sol y a Grupo Concesionario Oeste hasta el 2030. La decisión fue refrendada por un decreto del Poder Ejecutivo Nacional en 2018, que Macri se excusó de firmar por sugerencia de la Oficina Anticorrupción –que dirigía Laura Alonso-, ya que había pasado apenas un año de la venta de las acciones de SOCMA (el holding de la familia Macri) en Ausol. La ex vicepresidenta Gabriela Michetti fue la encargada de estampar la rúbrica.

El argumento del entonces Gobierno fue que de esta forma se evitaba el conflicto judicial con Albertis, que efectivamente retiró la denuncia realizada ante el CIADI. Las implicancias de este “arreglo” fueron  el reconocimiento a Ausol de una supuesta de deuda de 500 millones de dólares por parte del Estado, la condonación de deudas por incumplimientos de contratos, la ampliación de los horarios denominados “pico” (que tienen tarifas más altas), y la dolarización de tarifas.

Las indagatorias dictadas por Canicoba Corral ayer alcanzan también alcanzan al exjefe de Asuntos Jurídicos de Vialidad Nacional, Ricardo Stoddart, y al presidente ejecutivo de Ausol, Andrés Barberis. Las declaraciones se realizarán por videoconferencia debido a las medidas de aislamiento social obligatorio y la fecha de las mismas se definirá en los próximos días.  Todos los citados tienen prohibición de salir del país.