En medio de presiones por cambios en la normativa, el Gobierno sigue firme con su intención de reformar el régimen de jubilaciones especiales del Poder Judicial. Así lo ratificó el presidente Alberto Fernández y se quejó de que los magistrados lo "amenacen" y adviertan que declararán inconstitucional la norma.

"La Constitución dice que el Estado debe garantizarle la intangibilidad de los ingresos a los jueces, que hoy en día fijan sus propios sueldos y se fijaron sueldos interesantes. Pero la intangibilidad tiene que ver con los jueces que imparten justicia, que están en funciones", sostuvo el mandatario.

El objetivo del Ejecutivo es que la aprobación del proyecto enviado al Congreso no se dilate y sea tratado en el período de sesiones extraordinarias.

"El 82 por ciento móvil que cobran lo hacen sobre el bruto, por lo que en verdad cobran el 92 por ciento. No tengo un problema con los jueces, lo único que quiero es poner un poco de igualdad en el sistema que no es igualitario. No estamos planteando una guerra santa contra los jueces", remarcó.

Asimismo, rechazó las críticas y advertencias que hicieron distintos miembros del Poder Judicial, anticipando que si la iniciativa se convierte en ley, van a declararla inconstitucional.
"No me parece feliz que los jueces me amenacen diciendo 'ya le aviso que si me tocan la jubilación, yo lo voy a declarar inconstitucional'", concluyó Fernández.

Hace una semana el Gobierno envió un proyecto para modificar las jubilaciones del Poder Judicial y, rápidamente, numerosos magistrados salieron al cruce de la iniciativa.

El texto que envió el Ejecutivo a la Cámara de Diputados prevé reducir las jubilaciones de los magistrados, que hoy perciben el 82% móvil del salario que cobrarían si estuvieran en actividad.

Según la nueva iniciativa, los magistrados cobrarían el 82% sobre el promedio de lo que cobraron durante los últimos 10 años, lo que equivaldría a aproximadamente un 60% del sueldo de un juez en actividad.

El bloque de la oposición advirtió que rechazarán una votación "exprés" sin la introducción de representantes del Poder Judicial y ministros a la discusión. Por otro lado, desde la Casa Rosada pidieron aprobar la iniciativa antes del 1 de marzo y dejaron abierta la puerta para realizar modificaciones.