El jefe del bloque de senadores del PJ, Miguel Ángel Pichetto, declaró ante la Justicia que “no correspondía” convocar funcionarios judiciales al Congreso cuando se debatió la aprobación el memorándum de entendimiento entre Argentina e Irán, en el marco de la causa AMIA y que por eso no se hizo, informaron hoy fuentes judiciales. 

"Consideramos que la presencia del juez y/o del fiscal que intervenía en la causa AMIA no era necesaria por tratarse de una atribución del Congreso y un marco político de relación Estado a Estado”, sostuvo Pichetto al declarar como testigo, por escrito, ante el juez federal Claudio Bonadio.

Pichetto había sido citado a prestar declaración testimonial en el marco del expediente en el que se investiga la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra la ex presidenta Cristina Kirchner por el presunto encubrimiento de los iraníes acusados por el atentado a la AMIA, quien ya fue citada a indagatoria. 

El senador, que presidió la bancada kirchnerista durante los doce años de gobierno de ese espacio político, presentó su escrito el miércoles, luego de que el ex diputado radical Ricardo Gil Lavedra, sostuvo que el entonces oficialismo no quiso convocar a Nisman al Congreso para que opinara sobre el memorándum con Irán.

"Se evaluó el planteo de algunos senadores integrantes del bloque de la UCR, pero junto con los senadores integrantes de mi bloque consideramos (...) que no correspondía la intervención del Poder Judicial”, sostuvo Pichetto, que, además, agregó: “Es el Poder Ejecutivo el que tiene la atribución exclusiva y excluyente de negociar y concluir tratados con otros países”. 

"Es política del honorable Senado no invitar a jueces ni a fiscales cuando se analizan temas estrechamente vinculados con causas que ellos tienen en trámite”, remarcó el senador justicialista.

Sobre la posición de su bloque, Pichetto dijo que se votó por aprobar el memorándum porque los senadores consideraban “que era una herramienta que podía permitir el avance de la investigación judicial”, al promover las “indagatorias” de los acusados. 

"En cuanto a la intervención del Poder Legislativo, la Constitución nacional establece dos posibilidades: la aprobación o el rechazo del tratado en cuestión. Cualquier otra posibilidad, como podría ser la de modificar, queda excluida”, explicó.

Agregó que no recordaba “que desde 1984 hasta la fecha el Congreso haya rechazado ningún tratado ni convenio internacional suscrito por el Poder Ejecutivo Nacional”.

Acusó a la ex president. Cristina Kirchner de promover un pacto con Irán para dotar de impunidad a los ciudadanos de ese país acusados por el atentado a la AMIA

Por otra parte, hoy Tomas Farini Duggan, abogado de los padres de dos víctimas del atentado, le pidió al juez Bonadio que cite a prestar declaración testimonial al senador del PJ Juan Manuel Abal Medina y al juez federal Daniel Rafecas.

El motivo del pedido de citar a Rafecas es que, en una conferencia que brindó entre los años 2013 y 2014 -y que está grabada- dijo que el dirigente político Luís D°Elía, denunciado por Nisman, recibía financiamiento de Irán; algo que el juez ratificará por escrito, según informaron fuentes judiciales. 

La causa se originó en la denuncia que Nisman presentó cuatro días antes de aparecer muerto en el baño de su casa, en la que acusó a la ex president. Cristina Kirchner de promover un pacto con Irán para dotar de impunidad a los ciudadanos de ese país acusados por el atentado a la AMIA.

El expediente fue unificado, además, con otro por supuesta “traición a la patria” iniciado a partir de una denuncia de un abogado particular y otra presentada por familiares de víctimas del atentado a la AMIA, quienes pidieron que los legisladores sean llamados a dar testimonio. 

Según la denuncia de Nisman, detrás de la firma del memorándum de entendimiento entre Argentina e Irán se escondía un acuerdo espurio que implicaba la reactivación de las relaciones comerciales entre ambos países y la caída de las alertas rojas de Interpol vinculadas al caso. 

Esta semana comenzó la ronda de indagatorias que concluirá el 26 de octubre con la declaración de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El primero en declarar fue el ex canciller Héctor Timerman quien, al igual que la ex mandataria y los otros 14 imputados, tiene prohibido salir del país.