Los fiscales federales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques pidieron ayer que la ex presidenta Cristina Kirchner y otros ex funcionarios de su Gobierno sean enviados a juicio oral y público por el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz en perjuicio del Estado Nacional.

El pedido fue hecho al juez federal Julián Ercolini luego del planteo de las querellas de la causa, la Oficina Anticorrupción (OA) y la Unidad de Información Financiera (UIF), y todo indica que antes de fin de año el caso pasará a un Tribunal Oral Federal.

Los fiscales incluyeron en la solicitud al ex ministro de Planificación Federal Julio de Vido; el empresario detenido Lázaro Báez; al ex secretario de Obras Públicas José López; al ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública Carlos Santiago Kirchner; el exdirector de Vialidad Nacional Nelson Periotti; y a Martín Báez.

"Se montó una organización criminal orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional de prácticamente el 80 por ciento de las obras viales adjudicadas en la provincia de Santa Cruz en favor de las empresas de Lázaro Antonio Báez, lo que representó la contratación del Estado por más de 46 mil millones de pesos", sostuvieron los fiscales en el requerimiento.

En ese sentido, aseguraron que se trató de una maniobra con una "estructura coordinada de personas, con división de roles y permanencia en el tiempo por más de diez años, que le permitió a sus responsables sustraer de las arcas públicas miles de millones de pesos a través de la obra pública vial".

Además, señalaron que los fondos millonarios que eran girados a Valle Mitre, empresa de Báez, eran "remitidos mensualmente como dinero limpio en concepto de canon locativo a los ex presidentes y a sus hijos" por el alquiler de plazas hoteleras.