La fiscal general Gabriela Baigún pidió ampliar el embargo oportunamente dispuesto a los imputados en el marco de la causa por el Plan Qunita y denunció al exjefe de Gabinete Aníbal Fernández y un empresario acusado por desapoderarse de bienes cuando ya pesaba sobre ellos la inhibición general.

Puntualmente, la Fiscalía General 3 ante los Tribunales Orales Federales de la Capital Federal solicitó la afectación de más de 60 inmuebles, un vehículo, embarcaciones, acciones, cuentas bancarias y créditos al embargo que ya había sido dispuesto en la causa.

El pedido se suma al que la representante del Ministerio Público Fiscal había realizado en julio: en esa oportunidad, había individualizado la existencia de 18 rodados, 21 inmuebles,  una moto y cuatro embarcaciones.

El trabajo se realiza conjuntamente con la Dirección de Análisis Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI),  dirigida por Judith K”ning, quien estuvo a cargo de la evaluación  y sistematización de toda la información técnica provista por las diferentes áreas del Estado, informó oficialmente el Ministerio  Público Fiscal.

Asimismo, a través de la investigación patrimonial que se  lleva adelante en la Fiscalía, se pudo determinar que el exjefe  de Gabinete habría vendido dos automóviles de alta gama (Toyota y  BMW, valuados en 450.000 y 634.500 pesos respectivamente), con  posterioridad a que se dictara su inhibición general de bienes.

También se comprobó que el empresario imputado Gustavo Oscar Cilia habría enajenado 7 vehículos el 11 de marzo de 2016 por un  valor total que superaría los 1.080.000 pesos, y un inmueble en  el curso de este año, sin perjuicio de encontrarse inhibido.

En atención a que las ventas mencionadas podrían enmarcarse en el delito previsto y reprimido en el artículo 179 segundo párrafo  del Código Penal, la representante del Ministerio Público Fiscal  efectuó la correspondiente denuncia penal, a los fines de que se  proceda a su investigación.

“Será reprimido con prisión de seis meses a tres años, el que  durante el curso de un proceso o después de una sentencia  condenatoria, maliciosamente destruyere, inutilizare, dañare, ocultare o hiciere desaparecer bienes de su patrimonio o  fraudulentamente disminuyere su valor, y de esta manera  frustrare, en todo o en parte, el cumplimiento de las  correspondientes obligaciones civiles”, indica ese artículo.

En el debate oral y público serán juzgados Fernández, Daniel  Gollán y Nicolás Kreplak, entre otros exintegrantes del Poder  Ejecutivo, directivos y accionistas, por presunta defraudación  contra la administración pública en la licitación para la  provisión del “Kit Qunita”.

Los kits consistían en una cuna y elementos para bebé recién  nacido y la mamá (bolso cambiador con artículos de higiene,  termómetro digital, un porta bebé y otros elementos de uso  cotidiano como chupete, babero, mordillo, sonajero y juguetes  para los primeros meses), que se entregarían de manera gratuita a  familias de bajos recursos.

En esta causa ya se encuentran procesados diversos  funcionarios que intervinieron en el proceso de licitación en  2015, por haberse verificado irregularidades originadas en el  propósito de obtener un beneficio económico, a través de compras  de 150.000 kits con un sobreprecio -como hipótesis de mínima- de  alrededor de 3.000 pesos por cada uno, lo que arroja un perjuicio  para el Estado de, cuanto menos, 450 millones de pesos.

De acuerdo a la investigación, la licitación se habría  direccionado hacia empresas cuyo objeto social y actividad no  guardaban relación alguna con los rubros licitados y que habían ofertado precios que superaban ampliamente a los reales.