Las declaraciones del presidente Alberto Fernández en las que se mostró a favor "de las libertades restringidas" de las personas privadas de su libertad ante el avance del coronavirus y las negociaciones llevadas a cabo entre el viernes y sábado con los amotinados en el penal de Villa Devoto, generaron el temor de que se esté a las puertas de conceder la liberación masiva a detenidos, incluso de aquellos condenados por delitos graves, y abrió una polémica en la que se vieron envueltos funcionarios del Gobierno nacional y del bonaerense, así como también legisladores de Juntos por el Cambio y del propio oficialismo en Diputados.

"Quiero que hablemos con seriedad de estas cosas. La cárcel es un lugar de concentración humana muy riesgoso, donde el contagio se puede dar con muchísima facilidad", manifestó el mandatario, y explicó que "no es un tema simple el de los presos, porque también se mezcla con criterios de justicia".

"Hay gente que está presa porque cometió delitos, pero también hay gente que no tiene condena aún y están exponiéndose peligrosamente", señaló Fernández.

Desde la irrupción de la pandemia de coronavirus, la situación de hacinamiento que registran los presos en los penales de todo el país generó preocupación en el Gobierno y fue la constatación de casos de infectados por coronavirus registrados en las ultimas semanas, ya sea de detenidos como de personal penitenciario, lo que que derivó en un violento levantamiento en el penal de Villa Devoto en demanda de excarcelaciones, prisiones domiciliarias y más controles sanitarios.

Esa situación obligó a que se entablara una ardua negociación con los reclusos, de la que participaron integrantes del Ministerio de Justicia, del Servicio Penitenciario Federal, de la Procuración Penitenciaria y de la Defensoría General, así como de la Cámara de Casación Penal y de Casación en lo Criminal y Correccional.

En ese encuentro se acordó "promover la pronta tramitación de los pedidos de libertad y morigeración de la prisión" que se encuentran pendientes, para lo que se tomarán como base "los criterios señalados por la reciente acordada de la Cámara Federal de Casación Penal".

"Estamos trabajando sobre los colectivos vulnerados; es decir, de aquellas personas que integran los grupos de riesgo, las que tengan condenas de menos de tres años o que hayan cumplido el lapso para acceder a la libertad asistida o condicional o cuenten que con salidas transitorias y con mujeres embarazadas o con hijos, o de extranjeros a punto de su expulsión", señaló a BAE Negocios una fuente consultada que integra uno de los organismos que participó en las negociaciones llevadas a cabo en el penal de Devoto, y que buscó despejar la hipótesis de que estaría evaluando la posibilidad de concederle la libertad a presos condenados por delitos graves.

"Es el Poder Ejecutivo quien tendría que aclarar este tema a través de un comunicado", advirtió el vocero, quien señaló además que "en la mesa de negociación, el representante del Gobierno no dijo lo que dice el Presidente" y "si ellos no aclaran lo que se acordó, no lo vamos a salir a hacer nosotros".

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