El presidente Alberto Fernández anunció por Twitter la derogación del DNU 522/2020 que ordenó la intervención de Vicentin por 60 días. La decisión se hará efectiva mediante otro decreto de necesidad y urgencia que será publicado en el Boletín Oficial en las próximas horas.

Fernández justificó su decisión de dar marcha atrás con la idea de intervención en no estar dispuesto a "adoptar riesgos que podrían traer como consecuencia la estatización de deuda privada para que los argentinos y las argentinas deban hacerse cargo del irresponsable proceder de los actuales administradores", ya que, dijo, "el juez interviniente en el concurso (Fabián Lorenzini) no ha permitido hasta aquí que el Estado pudiera conocer cuál es el pasivo real de la compañía".

Y continuó con su dura crítica al juez Lorenzini al afirmar que "ha impedido también el acceso de la intervención a su gestión y, lo que es peor aún, ha mantenido en sus funciones a los mismos directores que, ante la pasividad del tribunal, siguen sin entregar el Balance y Memoria del ejercicio 2019".

En el texto del nuevo DNU, Fernández afirmó que "no solo no se ha podido hacer efectiva la intervención por cuestiones ajenas a la decisión del gobierno sino que esto ha impedido también el acceso a la información necesaria para continuar con las medidas tendientes a rescatar a la empresa".

Por eso, agregó, "se estima oportuno dejar sin efecto aquella decisión y concentrar toda la labor del Estado en la recuperación de los activos que están en riesgo y en colaborar con la Justicia para establecer las eventuales responsabilidades civiles, comerciales y penales de quienes han llevado al grupo empresario a esta situación". 

En ese sentido, el Presidente argumentó que "el Estado nacional no va a comprometer recursos públicos mientras el actual directorio permanezca en la empresa, ni tampoco integrará un fideicomiso compartiendo la gestión del mismo".

El jefe de Estado reivindicó que su intención "siempre fue rescatar a la empresa, preservar los activos, colaborar con los productores damnificados y mantener las fuentes de trabajo", y añadió que es también su "obligación es que se investiguen las maniobras que provocaron el estado de falencia en el que la empresa ha caído".

La intervención en sí, de todos modos, ya había sido frenada por Lorenzini el pasado 19 de junio, cuando estableció que el designado interventor por el Gobierno nacional, Gabriel Delgado, pasara a ser simplemente "veedor" de la empresa.

Aun así, la decisión presidencial no implica que no se siga adelante con el plan de la provincia de Santa Fe, que pretende conformar un fideicomiso sin la participación de los actuales directores para rescatar y revitalizar la empresa.

Aunque este jueves el gobierno de Omar Perotti decidió retirarse de la negociación con los directivos ante la falta de acuerdo, ahora el juez Lorenzini debe determinar si accede a que la empresa sea intervenida por la provincia.

El decreto ahora derogado había sido publicado en el Boletín Oficial el pasado martes 9 de junio, un día después de la conferencia de prensa que el Presidente brindó en la Casa Rosada junto a Delgado, al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas y a la senadora Anabel Fernández Sagasti.

En ella, anunció precisamente que intervendría a la cerealera por 60 días mientras transcurría el concurso de acreedores, y anticipó además que buscaría la expropiación de la empresa mediante el envío al Congreso de un proyecto elaborado por Fernández Sagasti.

Sin embargo, el tema Vicentin generó rápidamente el rechazo del arco opositor, así como la reticencia de parte de la coalición oficialista, que trató tibiamente el tema, sobre todo en el aspecto referido a la expropiación de la empresa.

"Me equivoqué con el tema Vincentin", admitió hace algunas semanas el propio jefe de Estado. "Pensé que la situación de crisis (de la empresa) estaba más asumida y que todos saldrían a festejar que estábamos recuperando una empresa importantísima" explicó.