Por qué modificarán la ley integral contra la violencia hacia las mujeres

Hace 12 años la Argentina hizo historia con una ley modelo para la región y el mundo: en 2009 se sancionó y promulgó la ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. A pesar del hito que marcó la norma, el avance de las necesidades y reclamos sociales hacen que hoy el Gobierno busque avanzar hacia una reforma que incorpore una mirada más integral de las violencias de los diferentes géneros e identidades.

Este jueves 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En este contexto, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, anunció junto a legisladoras nacionales cómo se llevará adelante la reforma de la ley 26.485: será a través de foros de consulta federales, en los que podrán participar para dar su visión personas de diferentes sectores. "No queremos una norma que nazca de los escritorios", afirmó al presentar el proyecto.

El Poder Ejecutivo nacional, de la mano de los municipios y provincias, así como el Legislativo y Judicial, busca una ley que tenga "todas las voces", con un sentido "plural y diverso". A esto se suma un abordaje “integral e interseccional” que “permita profundizar en los lineamientos del 2009” y lograr que deje de ser sólo sobre violencia contra las mujeres para pasar a integrar a otras identidades vulneradas, añadió en diálogo con BAE Negocios la subsecretaria de Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Género, Laurana Malacalza.

La normativa para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres “en 2009 ya fue de avanzada para nuestro país y la región: fue una ley que estableció los tipos y modalidades, el principio de integralidad”, destacó Malacalza, “pero de 2009 hasta el presente -por proyectos legislativos y demandas sociales- se hizo necesario institucionalizar parte de esos primeros conceptos y líneas de políticas públicas iniciales”.

“Pretendemos que no se generen parches a la ley, sino que se pueda establecer una profundización de los lineamientos iniciales, también a partir de lo que significó desde el 2015 en nuestro país el movimiento feminista reclamando la integralidad en políticas públicas”, planteó la funcionaria, sobre lo que coincidió Gómez Alcorta en la presentación: las marchas Ni una Menos que desde hace 6 años se realizan cada 3 de junio fueron “un punto de inflexión” en la forma en que el Estado escucha y se hace cargo de las demandas de género.

Un femicidio cada 30 horas

La reforma de la ley para actualizarla a las necesidades actuales, 12 años después de su puesta en marcha, resulta clave en un contexto de violencia de género que no cede. De acuerdo al observatorio de La Casa del Encuentro, en el último año (del 25 de noviembre de 2020 a la misma fecha de 2021) se registraron 290 femicidios, es decir, un asesinato de una mujer en contexto de violencia de género cada 30,2 horas.

En el caso del observatorio Ahora que sí nos ven, se contabilizan 229 femicidios desde que comenzó el año hasta el 20 de noviembre pasado, es decir, una asesinada cada 34 horas. A la misma altura del año pasado, el conteo de esa organización daba una cada 35 horas, lo que muestra un incremento.

Los observatorios mencionados se rigen a partir de un análisis de las noticias sobre femicidios que salen en los medios. “Las cifras oficiales todavía no están publicadas”, aclaró Malacalza. El organismo del Estado encargado de informar los números de femicidios registrados legalmente como tales cada año es la Corte Suprema de Justicia.

“Lo que sabemos es que los niveles de violencia de género durante la pandemia y post pandemia han permanecido en una tasa alta. No diría ni con aumento ni disminución significativa, sino con un grado de permanencia alta en términos de cantidad de denuncias, procesos judiciales iniciados, femicidios”, reveló la subsecretaria de Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Género.

Para que las “tasas muy altas” de femicidios puedan ir disminuyendo, es necesario “modificar las condiciones estructurales que promueven las situaciones de violencia de género”, lo cual “requiere de una jerarquía en las políticas públicas de mediano y largo plazo”, sostuvo Malacalza.

“Dos años de gestión pueden generar las políticas públicas necesarias para dar una respuesta de asistencia, protección, fortalecimiento de acceso a la Justicia, con un eje muy fuerte puesto en la prevención de las violencias. Son políticas que hace dos años no existían, como el programa Acompañar. Pero esto requiere de una jerarquía presupuestaria de políticas en materia de igualdad y violencia de género a nivel municipal, provincial y nacional que tiene que mantenerse en el tiempo”, más allá del gobierno de turno, subrayó.

Con respecto al programa Acompañar, que brinda asistencia psicológica, acompañamiento y un apoyo económico equivalente a un salario mínimo (hoy en $32.000) para mujeres y personas de la población LGBTIQ+ víctimas de violencia de género, la funcionaria contó a BAE Negocios que, mientras que había tan sólo 6 mil titulares cuando se puso en marcha en marzo, calculan finalizar el año con “alrededor de 100 mil personas” dentro del plan. La pandemia fue un factor determinante para que aumente la necesidad de ayuda, apuntó.

Por qué la ley debe incluir a más que sólo mujeres

Con el cambio de época surgieron nuevas demandas, diferentes problemáticas y la necesidad de amparar bajo las leyes a personas que, sin incluirse dentro de la identidad “mujer”, también sufren de violencia de género: la población LGBTIQ+. Esto será uno de los puntos centrales en la reforma de la ley 26.485.

“Para nosotros la integralidad es fundamental. En nuestro país tenemos la ley de identidad de género. Las perspectivas de diversidad y de interseccionalidad fueron claves en el diseño de políticas públicas y en los reclamos sociales de cómo el Estado tiene que dar respuesta a las situaciones de violencia de género. Eso, en el marco de la ley de violencias contra las mujeres del 2009, no se encontraba establecido: como su nombre lo indica, es una ley sobre violencias contra las mujeres, no de violencia de género”, por lo que se hace necesaria una actualización, explicó Malacalza.

"Adecuar la perspectiva de género, de diversidad, interseccionalidad e integralidad en el marco normativo es un paso más hacia adelante en la ampliación de derechos y la institucionalización que venimos haciendo con el ministerio”, recalcó.

Cómo serán los foros para reformar la ley contra la violencia de género

La reforma de la ley 26.485 se va a definir mediante “un proceso participativo” de foros federales de consulta en todo el país, en los que podrán debatir y dar sus perspectivas sobre cómo actualizar la ley sectores como “el movimiento feminista, las organizaciones sociales, los clubes, las comisiones barriales, acompañantes de personas en situación de violencia de género”, además de personas del ámbito académico y profesionales del área, y los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial a nivel nacional, provincial y municipal.

“Se les dará una instancia participativa a nivel federal, de la misma forma que elaboramos nuestro plan nacional de acción contra las violencias: incorporando una política de escucha para establecer las modificaciones legislativas necesarias”, definió Malacalza. Para esto, convocarán a encuentros regionales en las sedes de distintas Universidades Nacionales y otros espacios de la comunidad, en los que se podrá debatir y compartir miradas sobre los lineamientos y ejes propuestos para modificar la ley, con la perspectiva de cada sector.