El ministro de Educación, Nicolás Trotta, recibió hoy a directivos y sindicatos vinculados con la educación privada de la Cuidad de Buenos Aires, con quienes evaluó las "preocupaciones" en el sector a raíz del incumplimiento de la orden judicial que suspendió las clases presenciales en esos establecimientos.

Los encuentros tuvieron lugar un día después de que Gobierno nacional instara a los colegios de gestión privada a que "se garantice la continuidad de la educación no presencial" hasta el 30 de abril por el "preocupante crecimiento de la curva de contagios" de coronavirus, y con el objetivo de "resguardar la salud de la comunidad educativa".

En la reunión, desarrollada en el Palacio Pizzurno, Trotta escuchó a los docentes y dirigentes del Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP), quienes plantearon su postura ante la presencialidad e indicaron que están siendo "forzados a trabajar, incumpliendo el decreto" de necesidad y urgencia firmado por el presidente Alberto Fernández, que suspendió las clases presenciales por 15 días en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Frente a los docentes, Trotta se comprometió a "mediar" ante las entidades de educación privada para que se abstengan de tomar "medidas compulsivas y punitivas" contra los trabajadores de la educación que decidan no asistir a la presencialidad.

"Recibí a docentes del sector privado de todas las modalidades y niveles, y representantes de @sadopcapital para escuchar sus preocupaciones respecto al incumplimiento del DNU por parte de las autoridades de CABA ante la creciente complejidad de la situación epidemiológica", comunicó el propio Trotta, en su cuenta de Twitter, tras el encuentro.

El ministro detalló que los docentes y dirigentes gremiales "solicitaron mediar para que no se tomen medidas compulsivas y punitivas ante la decisión de un docente de no asistir a la presencialidad por necesidad y su voluntad de cumplir con el dictado de clases a distancia o virtuales según lo establece el DNU vigente".

"El planteo central durante la reunión con el ministro Trotta fue que en la Ciudad se abrieron las escuelas y los empleadores nos forzaron a ir a trabajar, incumpliendo el decreto", aseguró Javier Mahuad, secretario de Prensa del Sadop, gremio que decidió la continuidad de la retención de tareas presenciales y el dictado de clases virtuales hasta el 30 de abril próximo, cuando expire el decreto presidencial.

En la reunión, dirigentes del gremio y docentes de los distintos niveles educativos plantearon al ministro "las presiones que se reciben para trabajar en las escuelas de gestión privada, desde las subrepticias hasta las amenazas de descontar los días de paro".

"También -indicó- durante el encuentro se habló de la vacunación y del hecho de que sólo el 15% del personal docente y no docente de la Ciudad está vacunado".

Mahuad dijo que el ministro Trotta "fue receptivo" y calificó a la reunión como "más que satisfactoria".

Tras el encuentro con los docentes, el ministro de Educación recibió a los representantes de colegios nucleados en la Confederación Argentina de Instituciones de Enseñanza Privada (CAIEP) a quienes les pidió "comprender la situación de las familias que no quieren mandar a los chicos (a las aulas) y también la situación de los trabajadores de la educación". según dijo Rodolfo De Vincenzi, miembro de la organización, luego de reunirse con Trotta.

"El ministro nos planteó, y nosotros accedimos, que se respete la voluntad de un padre que no envía a su hijo o la voluntad del docente", explicó De Vincenzi sobre lo conversado con Trotta.

Con todo, consideró que "la escuela es un lugar seguro, donde se cumplen los protocolos" y hay "menos del dos por ciento de los docentes con contagios y menos del 1 por ciento de los alumnos".

Sin embargo, según los gremios docentes, la asistencia a las escuelas porteñas es de entre el 10 y el 20% en el sector público y del 30% en las privadas en relación al total de la población convocada a las aulas, por el efecto combinado del paro, burbujas aisladas y DNU.

También la CAIEP rechazó que se estén aplicando descuentos en los salarios de los docentes que hacen paro durante esta semana.

Por otra parte, De Vincenzi resaltó el "buen diálogo" que CAIEP mantiene con el ministro de Educación, y aseguró que "no se sienten presionados" por el Gobierno nacional, a partir de la misiva con la que el Poder Ejecutivo les pidió ayer sostener las clases virtuales hasta el 30 de este mes.

"Queremos decir que no fuimos presionados, no somos presionados. Al contrario, estamos trabajando muy bien desde el año pasado con el ministerio y expusimos la necesidad de las escuelas de gestión privada", dijo Rodolfo De Vincenzi.

A través de una carta, enviada por los ministerios de Educación y de Justicia y Derechos Humanos a las cámaras que agrupan a los colegios de gestión privada, la Nación ratificó ayer la vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia 241/221 e instó a las instituciones a cumplir con esa norma, "de acuerdo con lo dispuesto por la justicia federal".

En la misiva, el Gobierno solicita que "se garantice la continuidad de la educación no presencial o en contexto virtual hasta el 30 de abril de 2021, quedando suspendidas hasta esa fecha las clases presenciales".

Además, la Nación argumentó que la resolución judicial dictada el ultimo martes por el Juzgado Federal en lo Contencioso Administrativo 2 "dispone dejar sin efecto la resolución cautelar dictada el 18 de abril de 2021" por un "tribunal incompetente de la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", que permitía la presencialidad en el distrito.

"El accionar de las autoridades del Gobierno de CABA es pasible de responsabilidad penal, ya que podría encuadrarse en los delitos de desobediencia y violación de medidas adoptadas para impedir la propagación de una epidemia (artículos 239 y 205 del Código Penal, respectivamente); además de las posibles sanciones por el incumplimiento de la medida judicial, lo que expresa la irresponsabilidad política y jurídica a la que han arrastrado a toda la ciudadanía", se planteó en la carta.

Durante el encuentro, los representantes de las escuelas privadas le explicaron al ministro que ellos deben "respetar lo que marca la jurisdicción, que en este caso es la Dirección de Escuelas de la Ciudad de Buenos Aires".

"A nosotros no nos corresponde acatar o no los fallos. Eso corresponde al jefe de Gobierno, no a los colegios", expresó De Vincenzi.