Cambiemos y el Frente para Victoria presentaron hoy en el Senado un proyecto de ley en conjunto para introducir modificaciones al funcionamiento y los alcances del Ministerio Público Fiscal y a la Defensoría General de la Nación, que incluyen unj artículo para que esos cargos tengan un mandato de cinco años, con posibilidad de una reelección para dos años más.

La iniciativa ingresó esta tarde a la Dirección de Mesa de Entrada de Proyectos de la Cámara alta y comenzará a ser debatida el próximo miércoles, desde las 13, en el seno de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales que encabeza el peronista moderado Pedro Guastavino. El proyecto lleva la firma del presidente provisional del Senado, el macrista Federico Pinedo; y va acompañada por la rúbrica del radical Angel Rozas, el jefe del bloque del Frente para la Victoria, Miguel Angel Pichetto; y el peronista salteño Rodolfo Urtubey.

Se descuenta que la iniciativa sea dictaminada cuanto antes, llegue al recinto y sea aprobada rápidamente, ya que cuenta con el respaldo de los principales bloques de la Cámara alta. En tanto, la Cámara de Diputados también tiene en estudio un proyecto para reformar el accionar del Ministerio Público Fiscal y modificar la forma de elección y la duración del mandato del procurador. Sin embargo, allí el debate fue frizado en octubre del año pasado. Ahora, con la renuncia de la procuradora Alejandra Gils Carbó, quien dejará su cargo el 31 de diciembre de 2017, el tema iba a volver a ser debatido por la Cámara baja.

La iniciativa presentada esta tarde por Pinedo, Pichetto, Rozas y Urtubey elimina la duración vitalicia, tanto del Procurador como del Defensor General de la Nación que podían mantenerse en el cargo hasta el límite de edad establecido por la Corte Suprema de la Nación de 75 años. El límite temporal para ejercer ambos cargos será de cinco años, con la posibilidad de una reelección por única vez para continuar por dos años más.

La designación de ambos funcionarios se mantendrá en manos del Senado, que podrá brindar su acuerdo a quien designe el Poder Ejecutivo Nacional con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros, o sea 37 votos. Para su remoción se necesitará el voto de la mayoría absoluta de los senadores y de la mayoría de los presentes, en el caso de la Cámara de Diputados.

Frente a una iniciativa de remoción, el procurador queda suspendido inmediatamente en sus funciones. Sin embargo, el Senado debe decidir su situación en un plazo de 180 días. Si no lo hiciera en ese lapso, el funcionario debe ser repuesto en su cargo. Si el pedido de remoción proviniera del Poder Ejecutivo, el plazo de resolución se achica a diez días.