El Gobierno analiza los próximos pasos a seguir si el Congreso rechaza el veto presidencial a la Ley de Presupuesto Universitario y tiene listo un plan B para no correrse de su objetivo de déficit cero.

Está vez no contarán con todo el apoyo del macrismo, el partido aliado que votó todos los proyectos que impulsó el oficialismo. El líder del Pro, Mauricio Macri, anticipó que la educación pública seguirá siendo la bandera de defensa del partido. Los radicales que habían acompañado el veto a la reforma previsional tampoco están garantizados en esta pelea parlamentaria. Para la Casa Rosada “sería razonable que apoyen el veto” como lo hicieron antes.

El Gobierno dejó trascender su estrategia a través del vocero presidencial, Manuel Adorni, quien recordó el artículo 38 de la Ley 24.156 de Administración Financiera que exige que toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general “deberá especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento”. Esto significa que considerarán ilegal la marcha atrás al veto y podrían acudir a la Justicia.

Adorni recordó que el Reglamento de la Cámara de Senadores en su artículo 126 prevé que “todo proyecto que importe gastos incluirá en sus fundamentos la estimación de tales erogaciones e indicará la fuente de financiamiento a fin de justificar la viabilidad del mismo. De no ser así, no se discutirá en las sesiones de la Cámara hasta tanto no sea subsanada por los autores del mismo”.

Desde la Casa Rosada se ocuparon de aclarar que no están en contra de darle más financiamiento a las universidades, pero sí en contra de asignar una partida presupuestaria sin saber de dónde se va a sacar el dinero. 

El Gobierno está dispuesto a discutir las partidas presupuestarias pero dentro del Presupuesto 2025. Apenas se publicó el veto, la oposición solicitó una sesión especial para rechazarlo. El debate estaría previsto para la semana próxima.

Hay más dudas que certezas en La Libertad Avanza, mientras siguen las negociaciones a puertas cerradas. “Lo que vaya a pasar no lo sabemos y cada diputado es dueño de su opinión cuando le toque votar", admitió el vocero.

Mientras tanto comenzó a ganar fuerza la idea del arancelamiento universitario para los alumnos extranjeros no residentes. Se cree que Milei podría avanzar en reglamentar además un capítulo de la educación que había quedado descartado de la Ley Bases, que fijaba el criterio para distribuir recursos dependiendo de la cantidad de alumnos y graduados.