El Tribunal Oral Federal 4, que dictó la condena por el denominado caso Ciccone, le otorgó la prisión domiciliaria al ex vicepresidente Amado Boudou. El Servicio Penitenciario Federal  decidió el traslado a su departamento para que siga cumpliendo la condena. “Buena conducta” y riesgo de Covid-19 están entre los fundamentos del tribunal para definir la nueva instancia de cumplimiento de pena.

En cuestión de paradojas durante tiempos de pandemia y a posteriori de la polémica que envolvió al propio oficialismo en virtud de los presos políticos del kirchnerismo, entre los cuales se incluyó a Boudou,  hace sólo algunos días, el 27 de marzo el mismo tribunal había rechazado el pedido de excarcelación que había hecho su defensa.

Esa petición fue justificada incluso por médicos que asesoraron a la defensa del ex titular del Senado a razón del riesgo de contraer coronavirus durante su detención en el Penal de Ezeiza.

El Servicio Penitenciario Federal no había incluido al ex funcionario entre los presos considerados en riesgo. Para el tribunal, el Covid-19 no implicaba una libertad automática para los detenidos. 

Boudou había vuelto a prisión en febrero del año pasado, luego de que le revocaran la prisión domiciliaria en el marco de la causa por la cual fue condenado a 5 años y 10 meses de prisión por irregularidades en la venta de la empresa Ciccone Calcográfica.

Una de sus ultimas apariciones políticas antes de su detención en Ezeiza, había sido en el foro denominado como “La Radio Mak”, que motorizan entre otros el arquitecto Sebastián Fernández (@rinconet) quien fue luego una de las vistas recurrentes al ex vicepresidente  de la Nación.

A la casa

El arresto de Boudou "deberá ser conducido por el Servicio Penitenciario Federal" en su domicilio particular. Además, los jueces resolvieron implementar "respecto del encausado el Programa de Asistencia a Personas Bajo Vigilancia Electrónica".

En el fallo al que tuvo acceso la agencia NA, el Tribunal también dispuso "la supervisión y asistencia de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal".

Sus abogados de defensores, Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, habían solicitado que pudiera cumplir con el aislamiento social preventivo y obligatorio fuera del penal de Ezeiza.

El reclamo había llegado la semana pasada a la Corte Suprema de Justicia, que rechazó tratar el tema, luego de que el TOF 4 le negara el beneficio en una primera instancia.

Al negarse a analizar el caso, el máximo tribunal recomendó que el Tribunal Oral Federal 4 debía definir al respecto, y ahora los magistrados de ese cuerpo decidieron concederle la prisión domiciliaria.