Los exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas y Silvia Majdalani fueron procesados este miércoles por espionaje ilegal y falsificación de documentos públicos, en el marco de la causa en la que se investiga su responsabilidad en el seguimiento realizado sobre la vicepresidenta Cristina Kirchner en el Instituto Patria y en su departamento de Recoleta que tuvo lugar en 2018.

Además, el magistrado decidió fijar para los dos imputados la prohibición de salida del país, y la retención de sus pasaportes, al tiempo que les trabó un embargo de dos millones de pesos, supo NA de fuentes judiciales y confirmó Télam tras acceder al fallo, de 172 páginas.

En la misma resolución, el magistrado además procesó al exjefe de contrainteligencia del organismo, Martín Coste, a quien también le prohibió la salida del país y le fijó un embargo sobre sus bienes de 700 mil pesos.

Espionaje ilegal

El juez sostuvo que en lo que va de la investigación se pudo acreditar que “al menos desde mayo y hasta diciembre de 2018” el entonces director general de la AFI, Arribas, y la subdirectora, Majdalani, “impartieron órdenes” al procesado exjefe de Operaciones Especiales de la central de espías, Alan Ruiz, para que coordinara “un grupo conformado por agentes orgánicos e inorgánicos del área de Contrainteligencia, quienes se dedicaron a realizar tareas de inteligencia y espionaje ilegal”.

Las maniobras de inteligencia ilegal habrían consistido “en llevar a cabo vigilancias, observaciones, obtener información, producir inteligencia, almacenar datos y generar informes sobre distintas personas, por el solo hecho de su pertenencia político partidario, social, sindical y/o cultural”.

El auto usado por el organismo para realizar las tareas de inteligencia estaba ubicado frente al Instituto Patria y fue descubierto por la Policía de la Ciudad el 7 de agosto de 2018. Dos días después "las máximas autoridades de la Agencia afirmaron falsamente ante la Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso de la Nación que no se habían producido seguimientos respecto de Cristina Fernández y que el personal descubierto en el lugar estaba allí realizando tareas investigativas en cumplimiento de una orden judicial".

"Se puede sostener que Gustavo Arribas era quien impartía las órdenes, o al menos las compartía junto con Majdalani, y que fundamentalmente ésta última era quien cotidianamente dialogaba con Alan Ruíz para transmitirle y hacer un seguimiento de las tareas", consideró Augé en su fallo.

Por su parte, Martín Coste, quien asumió como director de Contrainteligencia en junio de 2018, “conociendo que se llevaban a cabo dichas prácticas de inteligencia ilegal por parte de personal que se encontraba funcionalmente bajo su mando, es decir, dentro de la esfera de su competencia, no actuó conforme a sus deberes, que le imponían hacer cesar dichas actividades ilícitas”, sostuvo el juez en su resolución.

Buscaban bolsos con dinero

Los procesamientos fueron dispuestos a instancias de los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, quienes habían señalado en su dictamen que, de acuerdo con lo investigado, el espionaje ilegal tenía por objetivo detectar la supuesta entrada de bolsos o mochilas con dinero al domicilio de la entonces senadora Fernández de Kirchner o al Instituto Patria, y no el de vigilar los perímetros de ambos domicilios ante supuestas amenazas de atentado, en el marco de las cumbres internacionales que se realizaron en Buenos Aires en 2018.

Augé relató además que después de llevar a cabo esas maniobras y tras ser descubiertos, Ruiz, Coste, Majdalani y Arribas, “entre otros funcionarios, intentaron darle apariencia de legalidad a esas actividades prohibidas y para ello elaboraron, rubricaron y utilizaron documentos ideológicamente falsos simulando que aquella actividad había sido realizada en cumplimiento de órdenes recibidas en causas judiciales”.

La justificación de Arribas, Majdalani y los agentes se basa en que había una causa iniciada en Lomas de Zamora en la que el juez federal Federico Villena había autorizado tareas de inteligencia de prevención, a raíz de que la AFI había recibido "alertas" sobre la presencia en Argentina de un grupo anarquista y que tanto el Instituto Patria como el departamento de la entonces senadora podían ser objetivos anti sistema.

Esta investigación se inició por una denuncia presentada por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, quien entre otros elementos relató que ese organismo, durante la gestión Cambiemos adquirió el Earthwatch, un software basado en fotografías de alta definición que se toman desde un satélite y que pudo haber sido utilizado para fines ilegales.