El exministro de Transporte Guillermo Dietrich fue procesado por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, sin prisión preventiva, por supuesta "adminsitración fraudulenta" en su gestión durante el gobierno de Mauricio Macri, en el marco de la causa que investiga delitos cometidos en la renegociación de la concesión de peajes.

"El encausado cumplía una función pública y como tal, su principal y exclusivo objetivo, debió ser proteger los intereses y las arcas del Estado", sostuvo el magistrado en la resolución a la que accedió Télam.

Canicoba Corral hizo efectiva la decisión esta mañana, poco antes de comenzar el trámite de declaración indagatoria de manera remota de otro imputado en el caso, el exministro de Hacienda Nicolás Dujovne.

Dietrich se presentó el viernes pasado a la audiencia indagatoria por videoconferencia ante el magistrado, quien renunció y dejará su cargo este miércoles. Sin embargo, el funcionario del macrismo presentó un escrito de 130 páginas para negar los cargos y se negó a responder preguntas, de acuerdo a fuentes judiciales.

La semana pasada, el juez también procesó por administración fraudulenta en las concesiones de los peajes al exdirector de Vialidad Nacional Javier Iguacel y al exprocurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías, ambos funcionarios durante el último gobierno. Ellos dos, junto a Dietrich, habrían actuado "direccionando toda negociación y contratación".

La causa

El extitular de Transporte está acusado de haber beneficiado con las concesiones viales a empresas relacionadas a la familia de Macri. En el marco de la investigación, recusó al juez Canicoba Corral por "parcialidad manifiesta" y por el supuesto "manejo arbitrario" del expediente.

El expediente ubica a Dietrich como uno de los responsables de haber beneficiado a Autopistas del Sol (AUSOL) y al grupo Consecionario Oeste S.A. con la prolongación de las concesiones en Acceso Norte y  Acceso Oeste, sin licitación, hasta el 2030, en un acto que incluyó el reconocimiento de supuestas deudas por atrasos tarifarios por 499 millones de dólares y 247 millones de dólares respectivamente.

Al procesar a Dietrich este lunes, Canicoba Corral sostuvo que "los imputados actuaron con intención de perseguir una finalidad: beneficiar a las mencionadas empresas en sus contrataciones, para ello actuaron con desvío de poder, según un interés no administrativo".

Dietrich, "quien al momento de los hechos se desempañaba como Ministro de Transporte de la Nación, y que fue quien aprobó y firmó los Acuerdos de Renegociación Contractual del Acceso Norte y Acceso Oeste, tenía bajo su órbita el cuidado de esos bienes e intereses ajenos" y junto a los demás funcionarios acusados "tenían la obligación de ajustar las gestiones a los principios generales que rigen toda contratación pública".

Canicoba Corral remarcó que, en este caso, debe hacerse la "salvedad que en este caso los beneficiarios son Mauricio Macri y su familia, quien en ese momento desempeñaba el máximo cargo del Poder Ejecutivo de la Nación".

La firma de los acuerdos "permitió mediante la aplicación de cláusulas leoninas, prorrogar por diez años más una concesión de un servicio público, mediante una modalidad casi de contratación directa, sin para ello siquiera reunir informes técnicos y financieros o documentación respaldatoria que demuestren que las empresas beneficiadas, habían cumplido con las obligaciones contraídas, en tiempo y forma", explicó el juez.

Según la investigación, el acuerdo que habilitó la prolongación de los contratos se dio durante el gobierno de Macri, luego de que las empresas -que tenían vinculación comercial con el grupo que integraba el expresidente- formularan un planteo administrativo y una demanda ante el tribunal arbitral internacional CIADI, pocos días antes de que Cristina Fernández de Kirchner dejara la jefatura del Estado.

Para los investigadores, esas dos demandas, presentadas después de más de 15 años de supuestos atrasos y ante un seguro cambio del signo político del gobierno, constituyeron un escenario ficticio en el cual las empresas no tenían posibilidad de imponerse, y que sirvió como excusa para que el gobierno de Macri extendiera los contratos y reconociera la supuestas deudas.

En su defensa, sin embargo, Dietrich argumentó que ese proceso le ahorró a la Argentina un juicio millonario y no se pagó "un solo peso".

"El supuesto negociado que denuncian le ahorró al país 3.000 millones de dólares reclamados a través del CIADI y un juicio internacional al estilo YPF, en los que al país nunca le fue bien", señaló el exministro.