Luego de obtener dictamen y de una jornada sin actividad por homenaje a Diego Maradona, el Senado discutirá la propuesta para reformar la ley orgánica del Ministerio Público. El proyecto intenta cambiar la forma de elección y el tiempo de mandato del Procurador General de la Nación.

Una semana después de obtener dictamen en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales que conduce el legislador del Frente de Todos Oscar Parrilli, el oficialismo intentará darle media sanción en la Cámara Alta al proyecto que facilitará la remoción del actual Procurador interino, Eduardo Casal.

La propuesta unificó tres presentaciones: dos pertenecen a los senadores opositores Martín Lousteau y Lucila Crexell, que en 2019 redactaron proyectos para establecer un límite temporal al cargo del Ministerio Público. Ambos intentaron bajar los textos, pero el Frente de Todos se opuso y sumó varios puntos a la iniciativa de Alberto Weretilneck, senador rionegrino aliado al oficialismo que propuso reducir el número necesario para seleccionar al Procurador.

El texto unificado propone que el mandato del titular de la Procuración General de la Nación deje de ser vitalicio y dure cinco años con posibilidad de reelección por única vez, y que la elección no se planifique en un año electoral.

También prevé que la forma de elección y remoción se realice con mayoría absoluta -37 votos, la mitad de los miembros del cuerpo-, en lugar del requisito de los dos tercios de los presentes en el recinto que rige actualmente, algo a lo que la oposición se opone.

Los números para que la iniciativa pase el Senado están confirmados, pero en Diputados el oficialismo deberá mostrar su ingeniería parlamentaria para convencer a aliados y opositores moderados de aprobar este proyecto.

Juntos por el Cambio, se descuenta que se opondrá en ambas cámaras, pero no tiene suficientes miembros para detener la propuesta.

De aprobarse, resta ver qué decisión tomará el juez Daniel Rafecas, principal candidato a ocupar el cargo con un pliego enviado al Senado. El magistrado indicó que sólo accedería a la Procuración si la decisión venía acompañada de un consenso político y de los dos tercios de la Cámara Alta.