Doce días antes de dejar el Gobierno, Mauricio Macri firmó un decreto de necesidad y urgencia (795\19) en el que creaba una Agencia Nacional de Protección a Testigos e Imputados bajo la órbita del Poder Ejecutivo. Hoy fue derogado el DNU luego de que se conociera que Alejandro Vandenbroele, socio de Amado Boudou y testigo protegido, habría cobrado 1.500.000 de pesos para gerenciar una posada en la provincia de Mendoza

El nuevo decreto firmado, el 168/2020, señala que "no existieron medidas excepcionales" que justifiquen la adopción de un decreto de necesidad y urgencia. El Gobierno considera que "hubo irregularidades" con la creación de la agencia por lo que ordenaron una auditoría para analizar la gestión del macrismo con respecto a esa área que funcionaba bajo la órbita del Ministerio de Justicia de la Nación, conducido por Germán Garavano.

Las sospechas comenzaron desde el momento que circuló información sobre que los testigos protegidos habrían gozado de beneficios económicos para presentarse en el programa para complicar a ex funcionarios kirchneristas. Uno de ellos fue Vandenbroele. Otro fue el financista Leandro Fariña, que registró gastos como el pago a una medicina prepaga.

"No se observan elementos objetivos que fundamenten las razones de necesidad y urgencia que conllevan el dictado de dicha herramienta constitucional", destaca la nueva normativa al considerar que el progarama anterior se mantuvo sin variación durante más de 16 años "hasta días antes de la finalización del mandato del gobierno anterior".

El macrismo había intentado en varios ocasiones traspasar el programa de protección a testigos al Poder Judicial, una idea que no prosperó. Luego quiso trasladarla a la Cámara de Casación Penal, también sin posibilidad de hacerse cargo. Finalmente optó por crear un ente autártico que le de autonomía. 

La administración de Alberto Fernández dio marcha atrás a otra de las medidas impulsada por los antecesores antes de dejar la Rosada. El Programa de Protección de Testigos había sido creado en 2003 con el objetivo de que los testigos e imputados en una investigación del fuero federal, como narcotráfico, terrorismo, corrupción, puedan ser protegidos antes la amenaza de riesgo de vida. 

Lo que dispuso el Gobierno es frenar la creación de la agencia y volver al anterior funcionamiento, sin hacer modificaciones a las cararterísticas del programa que funcionó incluso durante la administración de Macri. La derogación del decreto fue defendida por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quien aclaró hoy que "era un decreto ridículo" con la creación de una agencia "que nunca se había creado". "Fue una decreto que se aprobó entre gallos y medianoches antes de irse", graficó el funacionario en declaraciones a radio Metro.

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