El proyecto que busca fijar criterios sanitarios para adoptar medidas de restricción en las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de la pandemia del COVID-19, ingresó esta tarde al Senado y fue rápidamente criticado por Juntos por el Cambio. La principal objeción que le hacen al texto es que le quita poder a los gobernadores, pero sobre todo señalan que desoye el fallo de la Corte Suprema de Justicia respecto a la presencialidad en las escuelas, ya que el Poder Ejecutivo nacional tendrá la potestad -como hasta ahora- para "morigerar o dejar sin efecto" la suspensión de clases. 

El Ejecutivo nacional impulsó la iniciativa con el objeto de no repetir en el futuro un conflicto similar al que se generó a partir del DNU 241, que fue judicializado por el Gobierno porteño, luego de que la Casa Rosada suspendió las clases presenciales sin consulta previa a la Ciudad. Apenas el Alto Tribunal ratificó la autonomía de ese distrito y su potestad para decidir sobre la educación, el presidente Alberto Fernández anunció que enviaría al Congreso un proyecto para regular las medidas sanitarias en general, incluido lo referido a la suspensión de clases.  

"En los Aglomerados, Departamentos o Partidos que se encuentren en situación de Alarma Epidemiológica y Sanitaria queda suspendido el dictado de clases presenciales en todos los niveles y en todas sus modalidades", dice el artículo 21 del proyecto que esta tarde ingresó al Senado, donde el oficialismo cuenta con mayoría propia, por lo que se espera que no tenga mayores dificultades para aprobarlo en esa cámara; a diferencia de Diputados.  

Sobre ese punto, el texto aclara que se faculta al Ejecutivo nacional "previa consulta con el Gobernador o la Gobernadora de Provincia y con el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según corresponda, a morigerar o dejar sin efecto la suspensión establecida en el presente artículo en virtud de la mejora sostenida en los valores de los parámetros de riesgo epidemiológico y sanitario, aun dentro de los niveles de alarma".

El fallo de la Corte y los "superpoderes"

 

Según fuentes de Juntos por el Cambio, ese artículo "omite lo que estableció la Corte, insistiendo en que sea el Ejecutivo nacional el que defina la presencialidad o no en las provincias y la Ciudad". 

El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso suspende el dictado de clases presenciales en todos los niveles. Desoye con esto el fallo de la Corte Suprema, que interpretó que la organización del dictado de clases y su modalidad es facultad de los gobiernos locales", dijo el diputado radical Alejandro Cacace en su cuenta de Twitter. 

Desde la mesa nacional de Juntos por el Cambio, que mantuvo una breve reunión por zoom  hoy más temprano, señalaron que se oponen "rotundamente a una ley que le otorgue superpoderes al Ejecutivo nacional, avasallando la autonomía de las distintas jurisdicciones y provincias". Mientras tanto, en el Gobierno porteño prefirieron no adelantarse a sacar conclusiones hasta no analizar en detalle la letra de la iniciativa, aunque dejaron trascender cierto malestar. 

El jefe del interbloque de diputados de Juntos por el Cambio, Mario Negri, sostuvo que "los gobernadores no son delegados del Gobierno". Y agregó que en el artículo 4 "del proyecto el Ejecutivo nacional establece que la duración de la delegación de facultades será igual a la duración de la emergencia sanitaria. Pero, curiosamente, la duración de la emergencia sanitaria la viene definiendo el propio Ejecutivo nacional por DNU". 

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Gabriela Vulcano

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