Al debate que el oficialismo mañana encabezará en la Cámara de Diputados sobre el proyecto que reforma el Ministerio Público Fiscal se sumaron nuevas voces de rechazo. La diputada y sus dos pares del bloque de Consenso Federal, Graciela Camaño, Alejandro "Topo" Rodríguez y Jorge Sarghini, ratificaron que no acompañarán la iniciativa, ni ayudarán a que el Frente de Todos alcance el quórum para sesionar. Las objeciones al texto que tiene media sanción del Senado también vinieron desde afuera del Congreso: el juez Daniel Rafecas, propuesto por el Ejecutivo nacional para ocupar el cargo de procurador, reiteró que bajará su candidatura, si se modifican las mayorías para su designación. 

El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, que preside Hernán Pérez Araujo; y de Justicia, que conduce Rodolfo Tailhade, será presencial. Fue convocado en las últimas horas para este martes a las 19 con el objetivo de apurar la firma del dictamen, aunque por ahora, el bloque oficialista no cuenta con el apoyo necesario. Los primeros en alzar la voz en contra de la iniciativa que modifica la Ley Orgánica del Ministerio Fiscal fueron los integrantes de Juntos por el Cambio, que el domingo por la tarde mantuvieron un encuentro de la mesa nacional, desde donde señalaron que se trata de "una situación de extrema gravedad institucional" y que "pone el peligro la libertad de los argentinos".   

El rechazo de los diputados lavagnistas 

Si bien en las últimas horas desde la principal fuerza opositora y algunos medios aseguraron que el bloque de Consenso Federal acompañaría la propuesta del oficialismo, desde ese espacio lo descartaron por completo. "Graciela Camaño, Jorge Sarghini y yo no vamos a apoyar ni dar quórum", dijo Rodríguez a BAE Negocios. Ya el año pasado, antes de que el Senado aprobara el proyecto, la diputada peronista había señalado que la reforma del Ministerio Público Fiscal era "inconstitucional". 

Para que no quede duda alguna, los legisladores lavagnistas emitieron un comunicado en el que señalan que “no son tiempos de reformas judiciales, sino tiempos de resolución de  problemas que afectan la vida diaria de la gente como los aumentos de precios, las escasez de vacunas contra el covid y la falta de trabajo”. 

Las reformas propuestas por Juntos por el Cambio y por el actual gobierno sólo sirven para sacar procuradores, cuando lo que ordena la Constitución Nacional es un Ministerio Público Fiscal independiente, autónomo y autárquico”, agregaron desde el bloque de Consenso Federal.

Críticas de otros bloque opositores

El presidente del interbloque Federal, Eduardo "Bali" Bucca, que hasta ahora no había hecho pública su postura, sostuvo en su cuenta de Twitter que "no logramos establecer consensos básicos de parámetros sanitarios para la toma de decisiones. ¿Qué reforma del Ministerio Público Fiscal podríamos hacer en estas circunstancias?". 

En cambio, es una incógnita cuál será la posición que adoptarán los cuatro diputados de Córdoba Federal, quienes en algunas oportunidades plantearon sus reparos respecto a avanzar con los proyectos de la agenda judicial en el actual contexto de pandemia del COVID-19. 

El que sí ya se definió es el diputado socialista Enrique Estévez, que dijo a este diario que "no acompañará" la iniciativa del oficialismo. El mismo camino seguirán Alma Sapag, del Movimiento Popular Neuquino (MPN), y la legisladora tucumana Beatriz Ávila, del Partido por la Justicia Social. Los diputados de izquierda tampoco apoyarán. 

Hasta el momento, los únicos que podrían ayudar con sus votos al oficialismo son los integrantes del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, que conduce José Luis Ramón, aunque eso dependerá de las modificaciones que se introduzcan al texto.

Daniel Rafecas y su postulación

Cuando todavía resta que algunos legisladores resuelvan su postura, Rafecas se metió de lleno en el debate. Veinticuatro horas antes de que el oficialismo intente dictaminar, el hasta ahora candidato de la Casa Rosada condicionó al Frente de Todos a través de una publicación en su cuenta de Instagram: “Si a mitad del proceso para mi designación se reduce por ley la mayoría necesaria en el Senado para nombrar al procurador, eso será para mí un límite ético insuperable, que me hará imposible seguir adelante con la postulación. Respeto otras posturas, pero esta es mi convicción, ética y jurídica”.

El magistrado recordó que a inicios de marzo del año pasado su pliego llegó a la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado y que en ningún momento fue llamado a dar su parecer sobre el contenido de la iniciativa que impulsa el oficialismo, entre ellos el ministro de Justicia, Martín Soria. 

"Quiero dejar asentada públicamente mi postura: más allá de que el cargo sea vitalicio o temporario, es indispensable que el PGN (Procurador General de la Nación) tenga el consenso político suficiente para ejercer un cargo de tanta relevancia institucional, para lidiar con la CSJN (Corte Suprema de Justicia de la Nación) y para encarar reformas estructurales a nivel federal. Ese consenso recién se pone en juego en la audiencia pública, a la que todos los candidatos anteriores accedieron (con distinta suerte), y que no se cumplió en mi caso. De haberse concretado esa audiencia en el Senado, estoy seguro que ese consenso hubiese sido alcanzado”, agregó Rafecas. 

Los cambios más objetados

Entre los puntos principales del proyecto está el que establece que el procurador será elegido en el Senado por mayoría absoluta (la mitad más uno) de los miembros de esa cámara y no por las dos terceras partes, como hasta ahora. Justamente esa modificación es la que cuestiona Rafecas, al igual que gran parte de la oposición, aunque algunos admiten que reunir el número actual es muy difícil. También se fijan 5 años para el cargo, con posibilidad de ser reelecto, en vez de que sea vitalicio. 

Otro de los temas que generó rechazo en la oposición es la composición del Tribunal de Enjuiciamiento, que le daba mayor protagonismo a los representantes políticos. En su paso por el Parlamento a finales de abril pasado, Soria propuso que haya un representante del Poder Ejecutivo nacional, dos integrantes de la Comisión Bicameral (uno por la mayoría y uno por la minoría), dos fiscales elegidos por sorteo, un abogado según la competencia y un representante del Consejo Universitario Federal.

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Gabriela Vulcano

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