IDEA, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham) y el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires dieron a conocer este miércoles un documento titulado “Ocho propuestas para un sistema judicial más eficiente” con el que buscan generar un "aporte colectivo, técnico y apartidario" junto a especialistas del derecho para "enriquecer" el debate. 

El presidente de AmCham, Roberto Alexander, destacó que este "documento inicial" pretender ser un "aporte productivo, apartidario, con una mirada empresarial" y elaborado por "juristas y académicos con larga trayectoria" para que la Justicia funcione de forma "eficaz e independiente". 

"Un país predecible, confiable, con instituciones solidas atrae inversiones que Argentina necesita para potenciar la igualdad y la inclusión. El país necesita que se establezcan reglas debidamente consensuadas para asegurar una perdurabilidad independientemente del gobierno que esté en ese momento", especificó Alexander.  

En esta línea, el presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Máximo Fonrouge, advirtió que el documento "no tiene una aspiración grietera" ya que invita a que más organizaciones hagan sus aportes a la propuesta. 

Fonrouge destacó de los ocho puntos: la digitalización de la Justicia y la creación de un código de ética para jueces y subrayó que para que "la justicia sea independiente lo que hay que tener son jueces independientes". Uno de los vectores de este análisis tiene que ver con la reforma del Consejo de la Magistratura

Por su parte, el presiente de IDEARoberto Murchison, hizo hincapié en que dentro de la propuesta han planteado "soluciones" a los problemas que perciben en las instituciones y que, al final del proceso, les gustaría "generar un consenso" que haya sido "enriquecido por voces de diversas áreas y de distintos lugares del país". 

"Creo que las instituciones buenas impactan más en la ciudadanía y van a tener mucho efecto sobre el presente y el futuro de la Argentina. Las instituciones son la base del desarrollo", aseguró Murchison. 

Transformación digital del sistema judicial

"La digitalización tiene que ver con la transparencia", explicó Fonrouge y destacó que la irrupción de la pandemia del coronavirus expuso que el sistema judicial "no estaba preparado para trabajar de forma remota". 

"Quedó muy claro que el sistema judicial no estaba preparado ni pensado para trabajar en forma digital. Basta tan solo señalar que muchos de sus empleados carecían de los equipos indispensables para trabajar en forma remota. Ha llegado el momento de replantearnos y repensar fundamentalmente las tareas y los procesos que conforman el corazón de todo el sistema", analizó el texto de la propuesta.

En este sentido, una verdadera reinvención digital debería facilitar las interacciones para generar una mayor confianza en los órganos de gobierno, mejorar la toma de decisiones de los funcionarios para lograr el máximo impacto y así obtener operaciones más ágiles, y atraer y retener la fuerza laboral del futuro.

Ética Judicial

Este fue uno de los puntos más destacados de la conferencia de prensa posterior a la presentación y uno de los más relevantes para conseguir que la justicia sea "eficaz".

Cecilia Mairal, vicepresidenta del  Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires puntualizó que no existe un código de ética a nivel nacional para los jueces como sí existe para los abogados. De todos modos aclaró que algunas provincias sí cuentan con uno. 

Por su parte, Guillermo Lipera, secretario de IDEA, destacó que más allá de un código común, los jueces "tienen que autoregularse" porque hay situaciones que "no son delito" pero que al "litigante" le pueden "generar dudas" con respecto al accionar del magistrado. 

"No hay que tener dudas acerca de la imparcialidad y ética de un juez. La justicia necesita generar confianza pública. El necesario un código de ética que regule cierto accionar de los jueces para que no haya incompatibilidades", aseguró. 

Cuestión presupuestaria en la justicia

El proyecto sostiene que la Justicia debe contar con un presupuesto adecuado y tener las atribuciones necesarias para manejarlo y advierte que eso es clave porque incrementa la posibilidad de independencia de los tribunales, algo esencial para el pleno funcionamiento de la República.

Los autores del documento afirman que es necesario que la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura puedan planificar y ejecutar el presupuesto judicial sin depender de la ayuda extraordinaria de otro poder del Estado.

Por ello, Cecilia Mairal enfatizó en la necesidad de "robustecer la autarquía" del Poder Judicial para una "mayor independencia" en la ejecución de su presupuesto. 

Composición del Consejo de la Magistratura equilibrada

Los autores del documento promueven una integración del Consejo de la Magistratura en la que los "representantes de la política partidaria no se impongan sobre los otros sectores". Reclaman que se cumpla con el equilibrio entre los estamentos exigido por el artículo 114 de la Constitución Nacional y sostienen que el Consejo debe ser independiente para garantizar una Justicia más independiente.

Los integrantes de cada uno de los organismos participantes coincidieron en la importancia de mantener un Consejo de la Magistratura en equidad para que ningún partido política tenga mayor poder que los otros y que ninguno de los estamentos supere el 20% de representación

Perfeccionamiento de la tradicional carrera judicial

El documento propone la creación jerarquizada de una Escuela Judicial de la Nación para tener más y mejores aspirantes a ingresar en la Justicia.

"La EJ organizará cursos de perfeccionamientos y de educación continua voluntarios que serán valorados como antecedentes para los candidatos a Jueces de Cámara. Se ocupará también de la formación especializada de empleados. Si no se optara por la obligatoriedad es conveniente elaborar un protocolo donde figuren los estándares mínimos que deberán cumplir los cursos de posgrado orientados a la formación de magistrados que organicen las universidades nacionales o privadas y el puntaje que otorgarán los títulos otorgados por estas en los antecedentes de los aspirantes", explicó el texto del proyecto. 

Implementación de procesos más simples, más veloces, más eficientes y eficaces

La simplificación de los procesos judiciales en materia civil y comercial tiene el propósito de concretar una mayor protección judicial de los derechos y la necesidad de proponer un nuevo Código Procesal Civil y Comercial que logre superar los defectos o limitantes del actualmente vigente ha sido una aspiración muchas veces planteada.

Esa necesidad ha dado impulso a variados esfuerzos intelectuales, así como iniciativas legislativas presentado en las últimas décadas que dieron origen a anteproyectos y proyectos de reforma del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. 

"Dichas propuestas configuran el patrimonio cívico de nuestra cultura jurídica, acaso, no aprovechado y, por cierto, a disposición del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo para aquilatar la finalidad señalada en favor de la sociedad en su conjunto y de los justiciables, en particular", destacó el proyecto. 

En materia penal, priorización del juicio oral y público

El documento sostiene que es necesaria una justicia penal más veloz y eficiente, que evite que las causas terminen por prescripción. Promueve el juicio por jurados.

"Sin diversidad de voces no hay debate, sin debate no hay consenso, sin consenso no podemos tener buenas instituciones, sin buenas instituciones no hay justicia y, por lo tanto, sin justicia no hay República", Roberto Murchison finalizó el  presidente de IDEA