Referentes de organismos de derechos humanos mostraron ayer preocupación y cuestionaron con dureza la "sugerencia" del Gobierno nacional dirigida a los jueces penales para que beneficien con la prisión domiciliaria a 96 represores condenados por crímenes de lesa humanidad, entre ellos el genocida y ex jefe del Grupo de tareas 3.3.2 que operó en la ex ESMA, Jorge "El Tigre" Acosta, el ex agente de inteligencia Raúl Guglielminetti y el capellán de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Christian Von Wernich.

El 31 de enero pasado, el director general del Régimen Correccional del Servicio Penitenciario Federal (SPF), Fernando Martínez, le envió al Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias, presidido por el juez de Casación Federal Gustavo Hornos e integrado por magistrados, fiscales y organismos del estado de derechos humanos, una nota junto con ocho listados conteniendo los nombres de 1.111 condenados.

El documento explicaba que en diciembre de 2016 la Corte Suprema le había pedido al Ministerio de Justicia que diera una solución a la situación en las cárceles.

Así, el SPF le informó a jueces, a la Defensoría General de la Nación, a la Procuración Penitenciaria y al propio Ministerio de Justicia sobre el "Protocolo para la asignación prioritaria del dispositivo electrónico de control (tobillera electrónica)" y "los internos que podrían ser incorporados a prima facie al citado Protocolo".

Uno de los listados que recibieron los jueces contenía los nombres de 96 represores varios de ellos condenados a prisión perpetua por secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones cometidas durante los años del terrorismo de Estado.

Además de los de Acosta, Guglielminetti y Von Wernich, sobresalen también los nombres de los represores Carlos Capdevilla, Antonio Pernías y Adolfo Donda, el del ex fiscal Gustavo Demarchi y el ex agente de la Policía Federal Julio Simón, alias "el Turco Julián".

"Esto un horror, el gobierno nos está haciendo entrar en un camino peligroso del que después será muy difícil salir porque no tenemos en claro cuáles serán sus consecuencias", dijo al ser consultada por este diario, Nora Cortiñas, integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.

Cortiñas consideró que "cuando se habían logrado encaminar estos casos por la vía judicial, ahora se pretende tirar todo abajo porque al gobierno se le ocurre un plan reaccionario, faltandole el respeto a la lucha del pueblo".

"Si el Servicio Penitenciario cree que tiene superpoblación, debería liberar a aquellas personas detenidas sin condena con procesamiento por delitos que no ameritan su detención y que no implican ningún riesgo", dijo por su parte Luis Alén, ex subsecretario de Protección de Derechos Humanos.