La reacción sindical contra el acuerdo que la CGT pactó con la Unión Industrial Argentina (UIA) y validó el Gobierno a través de una resolución del ministerio de Trabajo, no se hizo esperar.

Hubo rechazos y críticas a la mecánica dispuesta para que las empresas hagan efectiva la solicitud de recorte de sueldos a la cartera laboral, con acuerdo de los gremios, para abonar el 75% de las remuneraciones. 

Sin lugar a sorpresas para quienes siguen el día a día del mundo sindical desde la Corriente Federal (CFT) y el Frente Sindical que comandan los camioneros de Hugo y Pablo Moyano, el Sindicato de Empleados de la ex Caja de Subsidios Familiares para el Personal de la Industria (Secasfpi), que tutela a un sector de empleados de la Anses, rechazó "la eventual reducción de salarios" por la emergencia Covid-19. 

El detonante para que el Secasfpfi hiciera público su rechazo fueron las declaraciones del titular de UPCN, Andrés Rodríguez, en el sentido de que las reducciones serían analizadas "sector por sector".

Vale acotar que antes de "la pandemia de la pandemia", en relación a la crisis económica que detonó salarios y paritarias el Secasfpi había dispuesto un bono extraordinario de efectivo para sus afiliados. "Sólo se trata de dar algo más que un gesto en épocas difíciles", recordaron a este diario asimilando aquella emergencia al escenario presente y las "urgencias amplificadas".

"El Secasfpi se rige por la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) 20.744, por lo que rechaza cualquier rebaja o descuento salarial en la modalidad que sea", acotó Ortega.

También rechazó el acuerdo la conducción de la Asociación Trabajadores del Estado ( ATE). Alejandro Garzón no tuvo medias tintas para fustigar el acuerdo por el 75% de pago a los suspendidos que Azopardo consideró un "piso" para cualquier recorte de remuneraciones.

"La ATE repudia de forma absoluta ese pacto entre la CGT y la UIA es nueva entrega de la burocracia sindical, que implica considerar a los trabajadores responsables de su encierro obligatorio", le resumió Garzón a la agencia Télam.

El acuerdo de reducción que ya rubricaron comercio, Smata, petroleros y metalúrgicos, entre otros, permite suspensiones durante 60 días al 75% del salario neto en el sector privado y rige de forma retroactiva al 1 de abril y hasta el 31 de mayo próximo.

Un dato no menor es que desde las bases de los mismos sindicatos que avalaron el acuerdo vienen señalando que la situación es más grave que el recorte salarial propiamente dicho. Así reiteraron que "algunos compañeros están superados en su desesperación porque no cobraron ni siquiera un vale de adelanto y no tienen ni miras de llevarse un peso a sus hogares".

En el frente de rechazo también se alistó la CTA Autónoma, uno de sus referentes Ricardo Peidró también expresó su "absoluto rechazo" y acotó que en tiempos de pandemia y crisis agravada los términos del pacto "tienden a colocar al trabajador en un estado de indefensión inaceptable".

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