El ex secretario de Planificación Federal, Roberto Baratta, sostuvo que las acusaciones de la denominada "causa de los cuadernos" fueron parte de un "entramado con intención política" que vinculo con un interés del gobierno de Mauricio Macri de hacer caer el precio de las acciones de empresas argentinas y facilitar el ingreso de corporaciones extranjeras.

"Fue parte de varias causas para perseguir a los exfuncionarios y empresarios, que muchos se mantuvieron en su posición de no mentir y otros, por miedo de ir a la cárcel, mintieron, incluso declarando primero una cosa, que no habían entregado dinero y después que los extorsionaban, decían que sí”, sostuvo Baratta.

El ex funcionario, que estuvo en el Ministerio de Planificación durante la gestión de Julio De Vido, fue acusado de "asociación ilícita" en una causa que instruyó el fallecido juez Claudio Bonadio, para determinar si se habían pagado coimas para facilitar el acceso a obras públicas.

Enuna entrevista publicada en  La Opinión Austral  ,Baratta señaló: “Había un claro interés de quedarse con las represas, con el contrato con China y desestabilizar" con el objetivo de perjudicar a las empresas de capitales nacionales.

Agrergo que la intención era que "las acciones de muchas empresas grandes como la de Eurnekian, como la de Rocca mismo, y demás bajasen su precio para que el capital extranjero, los fondos buitres pudieran adquirir empresas muy importantes de Argentina”.

La causa de los "Cuadernos"

El caso dio un giro hace una semana, cuando la Cámara Federal de Casación Penal decidió reclamar de manera “urgente” que le envíen el “soporte fílmico, digital y otro medio técnico en el cual se hayan registrado” las declaraciones de los arrepentidos, es decir, empresarios que aseguraron haber pagada para facilitar el acceso a obras públicas.

Pero esas filmaciones no existen ya que el acuerdo que hizo el fiscal del caso, Carlos Stornelli, con los empresarios citados que son más de 30 fueron todos por escrito. Ese es un nuevo elemento para el desarrollo del caso judicial que habían sido objetado por los acusados.

“Todo el entramado judicial marca que la causa fue armada con intención política. La puja que se está dando hoy con los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi es eso, fueron puestos a dedo, por decreto en la Cámara Federal”, dijo Baratta.

Bruglia y Bertuzzi fueron trasladados para integrar la  Sala I  de la Cámara Federal por donde pasan expedientes  derivados de la causa de los cuadernos de las coimas, e incluso la causa troncal, donde se investigaron los hechos relatados por el chofer Oscar Centeno, quien afirmó que anotaba todos los viajes en los que se hacían pagos ilegales. 

Los traslados de Bruglia y Bertuzzi

El sábado a la noche, el Procurador interino de la Nación, Eduardo Casal, dictaminó en favor de los traslados de los jueces  Bruglia, Bertuzzi y Germán Castelli que fueron dispuestos por decretos del ex presidente Mauricio Macri y sin que esas designaciones pasaran por el Senado.

Como argumento central, el procurador interino señaló que la revisión de los traslados llevada adelante por el Consejo de la Magistratura se realizó en base a normas posteriores y, en ese sentido, destacó "el principio de irretroactividad".

La opinión de Casal, expresada en su dictamen dado a conocer a través de fuentes judiciales, no es vinculante, del mismo modo que el del Consejo de la Magistratura, que el jueves último ratificó su decisión y pidió a la Corte que rechace los traslados. Para Casal, el Consejo de la Magistratura revisó los traslados de los jueces con una reglamentación que tenía que validarse a futuro y no en función de un criterio que se había tomado.

"El principio de irretroactividad se erige como uno de los basilares de nuestro ordenamiento jurídico. Es fundamento de razón jurídica que toda regla de conducta dispone para el futuro", sostuvo el procurador en uno de los dictámenes que difundió esta noche el Ministerio Público Fiscal.

En ese sentido, el jefe de los fiscales consideró que "es imposible conciliar tal propósito con una práctica de los órganos encargados de la selección y nombramiento de los jueces como la que se cuestiona en esta causa".  Ahora, falta la decisión de la Corte Suprema, que aceptó tomar el caso de urgencia a través de un per saltum.

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