El Gobierno porteño, a cargo de Horacio Rodríguez Larreta, fue denunciado en la Justicia federal por el presunto uso de datos relevados durante el operativo de vacunación en la Ciudad para la campaña electoral de Juntos por el Cambio.

La presentación judicial también apunta a que se investigue si la administración porteña obligó a empleados estatales a participar de la campaña política de la lista que encabeza María Eugenia Vidal, en calidad de "voluntarios" a pesar de que muchos de ellos no estaban interesados en hacerlo.

La denuncia por "malversación de caudales públicos" fue realizada por Juan Pablo Chiesa, en representación de la agrupación "Aptitud Renovadora", y cayó por sorteo en el juzgado a cargo del juez Luis Rodríguez, según la agencia estatal Télam.

Según el denunciante, se habrían detectado irregularidades vinculadas con el uso que el gobierno de la Ciudad le dio a la información recabada por la empresa que brindó el servicio de ´call center´ que maneja la línea de asistencia gratuita 147.

La sospecha está centrada en que la información recopilada por el 147, que está protegido por la Ley 25326, de Datos Personales, fue utilizada con fines políticos y proselitistas. En ese sentido, Chiesa incluyó una publicación de Télam que dio cuenta de denuncias hechas a través de un comunicado por la "Defensoría de Laburantes" sobre "el uso de datos personales en forma indebida".

"La organización Defensoría de Laburantes denunció este martes que el Gobierno porteño hace uso de datos personales en forma indebida y contrata trabajadoras de forma precaria para la campaña electoral de cara a las PASO", decía la nota citada por el denunciante.

La "Defensoría de laburantes" había afirmado que en el gobierno de la Ciudad "precarizan de forma sistemática a trabajadoras jóvenes sin otra salida laboral, que son obligadas a trabajar sin registración alguna, 12 horas por día por un salario de pobreza" y que son "hostigadas, presionadas a trabajar sin descanso y obligadas a mentir para alcanzar objetivos políticos".

La denuncia de esa "Defensoría" que recopiló los testimonios, hace referencia a las trabajadoras del call center GIV S.R.L., quienes "ya iniciaron reclamos laborales contra los implicados", según se había informado mediante un comunicado.

El reclamo detallaba que la tarea asignada a las trabajadoras consistía en "llamar a las personas de un listado y proponerles tomar un café con alguno de los candidatos y en ningún momento podían decir de dónde conseguían los datos, sino que todo el tiempo debían fingir ser militantes voluntarias".

"Queda claro, entonces, que si, como surge de la publicación de TELAM, se habrían utilizado datos vinculados con la salud de los ciudadanos, obtenidos por el GCBA a los efectos de la vacunación, siendo dichos datos no sólo personales, sino sensibles, en los términos del art. 2° y concordantes de la Ley de Protección de Datos personales N° 25.326.", sostuvo el denunciante.

Chiesa destacó además que recorrió las "mesas de campaña instaladas en la vía pública que promocionan la candidatura de María Eugenia Vidal, conversando con personas que sostienen ser empleados públicos de la Ciudad, que no votarán a Vidal, y que se encuentran obligadas por el GCBA a estar detrás de las mesas que, por lo general, se colocan masivamente los días sábado".

En ese sentido, el denunciante sostuvo que "correspondería se investigue la posibilidad de que el señor Jefe de Gobierno y/o los funcionarios pertinentes, sean investigados por el delito de extorsión previsto en el artículo 168 del Código Penal".