En el marco de la era libertaria y su impacto sobre el mercado laboral y los ingresos, distintos estudios privados identifican a breve plazo al menos dos escenarios posibles. Uno, más optimista, apuesta a que “esta vez es diferente” y proyecta desinflación con crecimiento. El otro, más adverso, contempla mayor nominalidad, menor actividad económica y riesgos elevados debido a la volatilidad cambiaria. Esas hipótesis surgen del último informe de la consultora C-P, titulado “Flexibilidad cambiaria y ancla salarial”, donde se analizan las tensiones que suelen cruzar los ciclos económicos argentinos. En diálogo con BAE Negocios, el economista Federico Pastrana explicó: “La adopción de un esquema cambiario más flexible forzó al Gobierno a tensar su estrategia de ingresos en un año electoral. El apuro por sostener baja de inflación presiona los ingresos reales a la baja”.

Consultado sobre los conflictos laborales y la pérdida del poder adquisitivo, el analista señaló que se observa un aumento en la conflictividad, tanto en los lugares de trabajo como en la esfera social. En las últimas horas la Uocra se declaró en estado de alerta y movilización, con asambleas en los lugares de trabajo de la construcción y la evaluación de posibles medidas de fuerza.

Pastrana remarcó que el Gobierno, al tiempo que reconoce la caída del poder de compra, sostiene una política salarial restringida, con paritarias en tensión apreciable.

Para contener la inflación, el oficialismo recurrió al uso simultáneo de un ancla cambiaria y salarial. Más allá del discurso oficial, eligió como táctica clave un fuerte control sobre los ingresos. Sin embargo, esto genera tensiones crecientes, especialmente por la brecha entre el salario en dólares y el bienestar real de la población.

Un cambio de carácter

Entre los factores clave del escenario 2025, el informe destaca el cambio de carácter en la política salarial libertaria. Durante el segundo semestre de 2024, los acuerdos paritarios —aceptados por sindicatos y cámaras empresarias— mantuvieron un perfil descendente en términos nominales. No obstante, permitieron cierta mejora del salario real, favorecidos por el rápido descenso de la inflación.

Ese ciclo “virtuoso” comenzó a estancarse a partir de marzo, cuando la inflación retomó impulso. Según Pastrana, esa aceleración convirtió el alivio salarial de 2024 en un nuevo foco de conflicto hacia fines de ese mismo año. La pauta salarial, bajo la conducción del ministro de Economía Luis Caputo, fue exigente: en muchos casos, los aumentos se ubicaron entre el 1 % y el 2 %, es decir, muy por debajo de la inflación. Esto derivó en caídas generalizadas del salario real, a pesar del discurso oficial que celebraba la “recuperación”.

Todo este cuadro llevó al Gobierno a un dilema clave, según C-P: continuar controlando la nominalidad —y convalidar una pérdida sostenida del salario real— o permitir una mejora en los ingresos, aún a costa de postergar la desaceleración inflacionaria.

Comercio: paritarias bajo lupa

Uno de los ejemplos más claros analizados por C-P es el de la paritaria de Comercio, el mayor convenio colectivo del país en cuanto a dotación de trabajadores registrados.

En este caso, el Gobierno optó por priorizar la contención nominal, es decir, el valor de los salarios sin considerar aún el impacto pleno de la inflación. Las paritarias del primer trimestre estuvieron rezagadas respecto a la evolución de los precios, y en el caso del gremio mercantil, esa diferencia fue del 3 %.

“Ante la pérdida de poder adquisitivo, es común que empresarios y sindicatos acuerden un salto nominal para recuperar lo perdido, seguido de un esquema vinculado con la inflación esperada”, explicó Pastrana. El acuerdo alcanzado en Comercio refleja esta lógica: una suma fija de compensación del 3 %, y un sendero de incrementos descendente hacia adelante, con ajustes entre el 1,9 % y el 1,7 % mensual. Así,  el Gobierno que venía destacando “la salud de los salarios”, terminó validando un proceso de contracción real de los ingresos.

Final abierto

Desde la óptica de C-P, la política salarial libertaria es un pilar central de la estrategia económica actual, pero enfrenta varios desafíos, a saber: La aceleración inflacionaria, producto de la crisis del esquema cambiario anterior. La persistencia del enfoque de control nominal, incluso cuando el contexto ya no lo justifica.

Y en tercer lugar la escasa capacidad de intervención del Estado, que limita la efectividad de la política salarial. Al cierre de mayo, las consecuencias comienzan a sentirse: conflictividad creciente y dificultades políticas en alza para el oficialismo, que no solo enfrenta obstáculos para aplicar su estrategia sobre los haberes, sino que además ha expuesto públicamente una postura explícita de ajuste salarial.

Casos como la tensión interna y externa de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), la huelga de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) frenada por conciliación obligatoria, y las oscilaciones con la CGT, se suman a los recientes cambios normativos vía DNU, con los cuales el Gobierno intenta restringir el derecho a huelga.