El Juzgado Contencioso Administrativo Federal dejó sin efecto la cautelar de la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires sobre la continuidad de las clases presenciales en el territorio porteño, aceptando de esta manera el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el presidente Alberto Fernández el pasado jueves, tras el anuncio de nuevas restricciones por la segunda ola de contagios de coronavirus (Covid-19).

La decisión estuvo a cargo del juez federal Esteban Furnari, quien trasladó el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que intervendrá en el expediente.

Además, el magistrado pidió al Gobierno porteño que "se abstenga de aplicar o ejecutar la medida dispuesta el pasado fin de semana", en referencia al fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires que había ordenado mantener las clases presenciales en el distrito.

La resolución de 30 páginas del juez Furnari fue emitida ante un pedido del procurador del Tesoro, Carlos Zannini, de admitir la competencia federal, declarar la inhibitoria para entender o resolver sobre el tema de la Justicia de la Ciudad y enviar el expediente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por ser de competencia originaria.

El juez concluyó en que "la misión más delicada que compete al Poder Judicial es la de mantenerse dentro de la órbita de su jurisdicción, sin menoscabar las funciones que incumben a los otros poderes o jurisdicciones".

En este sentido, la Justicia resolvió:

"1°) Admitir   parcialmente   la   inhibitoria   planteada   por   el Estado Nacional - Jefatura de Gabinete de Ministros y, en consecuencia,  con   relación   a   las   causas   108081/2021-0,108437/2021-0   y 108441/2021-0 y sus   incidentes, declarar la incompetencia del fuero en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de las Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires, y disponer su remisión  a  la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la vía originaria, haciéndose saber a la Sala IV de la Cámara de Apelaciones y al Juzgado nº1 de aquel fuero -según corresponda- que deberán instrumentar la remisión ordenada.

2º) Dejar sin efecto la resolución cautelar dictada el 18 de abril de 2021 en la causa "Fundación Centro de Estudios en Políticas Públicas sobre incidente de queja por apelación denegada -queda por apelación denegada", expte. nº108441/2021-1; y hacer saber al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que deberá abstenerse de aplicar y/o ejecutar lamedida allí ordenada.

3º)   Disponer   la   remisión   de   estos   actuados   a   la   Corte Suprema de Justicia de la Nación."

En uno de los puntos más destacados de su resolución, Furnari advierte que "más allá de que, en virtud de la forma en que la Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de las Relaciones de Consumo presentó las cuestiones ventiladas en aquellos expedientes y el elenco de sujetos alcanzados por la controversia -en lo que tengo una visión diferente, según se desprende de los considerandos de más arriba-, no es posible soslayar que, en los hechos, lo que ha pretendido poner en suspenso son los efectos de un decreto dictado por el Poder Ejecutivo Nacional, en ejercicio de prerrogativas acordadas en el artículo 99, inc. 3º, de la Constitución Nacional".

Lo que advierte que se hace patente "cuando, en la parte dispositiva de su fallo, resuelve 'disponer la suspensión de lo dispuesto en el art. 2º, párrafo tercero del DNU nº 241/21 y ordenar al GCBA que en el marco de su autonomía y competencias propias disponga la continuidad de la presencialidad de las clases en el ámbito del territorio de la Ciudad de Buenos Aires'”.

Cabe recordar que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, había presentado un amparo ante la Corte Suprema de Justicia para desactivar los efectos del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el presidente Alberto Fernández, que suspendió la presencialidad en las aulas hasta el 30 de noviembre.

La Corte admitió su competencia en el tema y ahora lo tiene pendiente de resolución, pero la Justicia porteña había ordenado garantizar las clases presenciales, lo que fue calificado como una "aberración jurídica" por parte del Gobierno, sin embargo, esa medida ahora por decisión de la Justicia Federal, quedó sin efecto.

(Nota en desarrollo)