El defensor de la Tercera Edad Eugenio Semino cuestionó la posibilidad de que se modifique la edad jubilatoria a partir de las recomendaciones realizadas por el Fondo Monetario Internacional. En diálogo con BAE Negocios sostuvo que con esas propuestas se busca "generar" docilidad social y abrir autovías ultra veloces para que el esquema previsional pase a la órbita privada, equilibrar cuentas y "avasallar las cuestiones que son ineludibles para el Estado".

"Las sugerencias del FMI no son un consejo amable, reiteran el concepto que nos tocó padecer en los 90 con la letra de un organismo de burócratas que hacen formulas universales para justificar la usura mundial", señaló.

El defensor de la Tercera Edad destacó que este diario, tiempo atrás, había alertado sobre la intención del Gobierno de modificar los estándares de jubilación y remarcó que "se manejaban alternativas en este sentido antes de tomar nuevo endeudamiento con el FMI".

Semino lamentó que ni siquiera en un año electoral como el presente las fuerzas políticas asuman que el país carece de un modelo de seguridad social a desarrollar con las personas como eje de acción política y puntualizó que eso abarca "tanto al oficialismo, la oposición o los inspectores del progresismos que debieran estar debatiendo un sistema propio". El escenario sobre el cual se cierne una modificación previsional abarca a 5 millones de jubilados y pensionados, "que están lejos de un modelo de calidad de vida, donde cualquiera de ellos con un haber mínimo de $9.000 o a lo sumo $12.000, pueda sostener y cubrir el 30% ni el 40% de sus necesidades básicas".

El tarifazo explicó Semino, puso todavía más de relieve la situación penosa de la clase pasiva, ya que a las facturas de servicios públicos dolarizadas y el simple cálculo que las integra a la canasta básica de los jubilados puso sobre el tapete una realidad, que Semino graficó como "un combo es letal: los jubilados no pueden pagar sus servicios básicos, eso les genera un perjuicio más allá de lo económico, donde se incluye el que tengan que admitir que no pueden sobrevivir sin la ayuda económica de hijos u otros familiares". El planteo parte de la recomendación del FMI a fin de subir la edad en la que finaliza la etapa laboral registrada de mujeres y hombres y llevarlo de mínima a 68 años. El organismo incluye un bonus track: la reducción de haberes mínimos

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