La empresa Smartmatic, encargada del escrutinio provisorio, y las autoridades que, tras una licitación pública internacional, resolvieron su contratación para el actual proceso electoral, serán investigados penalmente, según lo determinó la jueza federal con competencia electoral María Romilda Servini.

De esta forma, a la causa que se encuentra en trámite producto de una acción de amparo interpuesta por el Frente de Todos, que objetó las cualidades técnicas de la compañía y pidió su apartamiento, algo que ni de cara a las PASO ni por el momento consiguió, se sumará ahora un nuevo expediente, que pondrá la lupa en el accionar de esta compañía de origen venezolano y sede en Londres por presunto fraude contra el Estado.

En la resolución, la magistrada actuó en línea con lo dictaminado por el fiscal Jorge Di Lello, quien entendió que debía avanzarse en una investigación penal -no correspondiente al fuero federal- debido a que la intención del denunciante era que se verificara "si el proceso de licitación y las erogaciones monetarias en las que incurrió el Estado argentino" en relación al escrutinio provisorio se encontraban o no "dentro del marco de la ley".

De esta forma, el destino de la denuncia realizada el 6 de agosto pasado, pocos días antes de las PASO, por el entonces precandidato a jefe de Gobierno porteño por Dignidad Popular, Leonardo Martínez Herrero, quien quedó finalmente fuera de carrera, quedará definido en las próximas horas, cuando sortee el expediente en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.

Allí, se determinará cuál será el juzgado encargado de analizar la presunta responsabilidad penal de la empresa Smartmatic y de los funcionarios de la Jefatura de Gabinete de Ministros, del Ministerio del Interior y Obras Públicas de la Nación que intervinieron en su contratación, como así también del Correo Argentino.

"Del texto de la denuncia origen de autos se desprende que el Dr. Leonardo Martínez Herrero puso en conocimiento del Tribunal un hecho que podría resultar delictivo, consistente en un posible fraude económico en perjuicio de las arcas del Estado Nacional", explicó la jueza Servini en la resolución, en la que declaró la incompetencia del fuero electoral para investigar.