Cuando en 2016 la infectóloga Carla Vizzotti fue echada del Ministerio de Salud, donde se desempeñaba como directora de Enfermedades Inmunoprevenibles, todavía no había irrumpido el debate sobre la legalización del aborto en el terreno parlamentario ni las políticas con una perspectiva de género eran una cuestión de Estado, el plan de vacunación gratuito y obligatorio estaba intacto y el sarampión hacía 16 años que no era una problemática de salud en nuestro país.

Con la vuelta de Ginés González García al frente de esa cartera, la presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (SAVE), representante argentina en el Comité Consultivo de Prácticas de Inmunización de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y responsable de la ampliación del calendario de vacunas en la Argentina se convirtió en la nueva secretaria de Acceso a la Salud.

Eso sí, el escenario era muy distinto al de años atrás. “Cuando llegamos no había stock o había un stock crítico”, contó la fl amante funcionaria a BAE Negocios respecto a las vacunas y otros medicamentos. Según detalló se encontraron con un “un brote por goteo, que si no se logra controlar en 12 meses se vuelve a tener sarampión endémico”.

Con una dirección clave a su cargo, como la de Salud Sexual y Reproductiva, el cumplimiento del protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en todas las provincias está entre sus prioridades; y con la creación de la Dirección de Géneros y Diversidades buscará que en todos los hospitales haya “abordajes con perspectiva de género”.

¿Cuáles fueron los mayores problemas que encontraron cuando arribaron a lo que era la Secretaría de Salud y que ahora volvió a ser ministerio?
–Cuando aún era ministerio ya venía teniendo dificultades, por lo cual probablemente la desjerarquización, reduciéndolo a una simple secretaría, vino a acelerar ese proceso. Por eso, la primera medida de la actual gestión fue devolverle la categoría de ministerio. Desde la secretaria de Acceso a la Salud, que encabezo, el problema más grande fue y es la provisión de insumos, que van desde las vacunas, los retrovirales, la medicación para VIH, los reactivos para testeo de enfermedades de transmisión sexual como el sífilis y para testeo del dengue, y la falta de anticonceptivos y hormonas. No había stock o había un stock crítico. Y los procesos de compras estaban muy desorganizados. En ese sentido se inscriben los 12,5 millones de vacunas que encontramos en la aduana esperando para ser liberadas.

¿La falta de provisión de insumos sólo se debió a un tema presupuestario?
–Es multifactorial. Es una decisión política de disminuir progresivamente el presupuesto. Cuando vos hacés un presupuesto en pesos y el dólar se devalúa el 50 por ciento podés comprar la mitad, más teniendo en cuenta que la mayoría de los insumos son en dólares. Se requieren partidas presupuestarias extras para asegurar los insumos. Hubo falta de pericia para dar esas respuestas y definir insumos estratégicos. Y también hubo impericias para hacer la gestión de retirar las vacunas que ya estaban en la aduana.

–¿Y por qué razón no se retiraron esas vacunas?
–La explicación es que no se disponía de los fondos para pagar las tasas aduaneras. En 2001, se generó una ley de Emergencia Sanitaria donde se estableció que algunas vacunas queden eximidas del pago de impuestos. La lista de vacunas se amplió un montón. Hay muchas más vacunas nuevas que no están en esa ley y entonces cuando llegan a la aduana tienen que pagar un porcentaje -que a veces llega a ser el 25 por ciento del precio de la vacuna- para retirarlas de la aduana. O sea, se habían pagado las vacunas y faltaba abonar ese porcentaje de tasas aduaneras para retirarlas. Sólo se retiraron las que no tenían impuestos, entre las que estaba la Triple Viral. Eran 11 millones de dólares de tasas aduaneras que se habían acumulado.

–Cuando se conoció la noticia de que se liberaron las vacunas que estaban en la Aduana surgieron algunas dudas sobre si estaban en condiciones de ser usadas...
–Esas vacunas están todas vigentes, son seguras para su uso.

–Usted dijo que la Triple Viral no paga la tasa aduanera, ¿entonces el brote de sarampión no se debió a la falta de vacunas?
–No faltaron vacunas para el ingreso escolar y el año de vida de forma signifi cativa. Lo que sí faltó fue una respuesta ante un brote de sarampión porque se necesitaban más vacunas que las del calendario. El brote responde a una reemergencia a nivel global, que sabíamos que podía pasar. A nivel mundial hay un 300 por ciento más de casos de sarampión en 2019 que en 2018 y un brote enorme de sarampión en Brasil.

¿Cuál es la situación de la Argentina?
–Tenemos desde agosto de este año un caso importado que generó un brote que todavía sigue en curso. Seguimos identificando entre 3 y 7 casos por semana, lo que se llama un brote por goteo y que si no logramos controlarlo en 12 meses volveremos a tener sarampión endémico y perderemos el estado de país libre de sarampión. Lo más preocupante es que si llega a ir a alguna localidad o municipio con baja cobertura, podemos tener un brote con un pico importante de casos y empezar a tener casos de gravedad y algún muerto. El último caso de sarampión endémico fue en el 2000 y el último muerto en 1998. Ahora, en total, tenemos más de 100 casos de sarampión, un brote no controlado, que está circunscrito al área metropolitana.

–¿Cuánto influye el movimiento antivacunas en el rebrote de sarampión?
–No responde a los antivacunas. Los que se están infectando son los bebés menores de un año, que todavía no tienen la vacuna en el calendario, y los adultos entre 20 y 50 años, que recibieron la vacuna y llegaron tarde a la inmunidad o no pueden certifi car dos dosis de vacunas después del año de vida. Lo que hizo ahora el ministro fue hablar con la Organización Panamericana de la Salud para solicitar un refuerzo de vacunas. Van a llegar 7 millones de dosis para dar respuesta en Ciudad y provincia de Buenos Aires y en todo el país para completar los esquemas de vacunación.

–¿Por qué la primera decisión que se tomó en el ministerio fue reactualizar el protocolo para la Interrupción Legal del Embarazo?
–El protocolo es una guía técnica para los equipos de salud para la interrupción legal del embarazo, que no cambia la legislación vigente. Lo que le preocupaba a Ginés y al Presidente es que los equipos de salud tuvieran un marco de seguridad. Hay algunos lugares en los que los integrantes de los equipos de salud que intervienen en la interrupción legal del embarazo sentían que no tenían un apoyo al no tener un protocolo.

–Sin embargo, aún con el protocolo hay una gran resistencia en algunas provincias para cumplir con lo que dictamina la ley en cuanto a la realización de los abortos no punibles...
–Esa es otra instancia. Lo primero es generar un instrumento que funcione como un marco. Varias de las provincias han adherido y otras se han contactado para empezar a trabajar en conjunto. Además, Ginés presentó en el Consejo Federal de Salud el protocolo para trabajar con los equipos de salud de las provincias. El primer paso está dado.

–¿En el ministerio de Salud ya están trabajando en la elaboración de un proyecto para legalizar el aborto?
–Los equipos técnicos del ministerio ya están generando propuestas en ese sentido. También hay que aprender de la última discusión para no generar una situación de tanto enfrentamiento, dejando en claro que se trata de un abordaje integral, que incluye la anticoncepción y la educación sexual integral para prevenir la mayor cantidad de embarazos no deseados que se puedan.

–¿En qué medida la legalización del aborto contribuye a una mayor equidad social?
–Sabemos que los abortos existen y que hay diferentes formas de acceder a esa práctica. Quien tiene recursos puede acceder a condiciones más seguras que alguien que no tiene esa posibilidad y eso es totalmente inequitativo.

–¿Cuál será el eje de la Dirección de Géneros y Diversidades?
–En línea con la Ley Micaela, queremos que todo el ministerio acceda a capacitaciones con perspectiva de género. Y que eso también suceda en los hospitales nacionales y que podamos trabajarlo con ministerios de salud de las provincias, al igual que en cada uno de los programas.

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