La Algodonera Avellaneda del norte santafesino y que pertenece al grupo Vicentín aseguró que recuperó su parte de su actividad tras el desalojo de trabajadores apostados en su ingreso. Mientras que la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines (Ftciodyara) convocó desde este lunes a una "huelga general regional" por tiempo indeterminado en repudio al desalojo del viernes.

Desde el Grupo Vicentin denunciaron que la medida de fuerza y los hechos que se desencadenaron desde hace semanas tienen “connotación política” y expresaron en esa tónica que en el país más del 40% de la industria textil está parada porque no hay ventas y el otro 60% funciona al 50% de su capacidad.  “Pero llamativamente el conflicto sólo se radicó en esa algondonera”, deslizaron a la prensa.

La Ftciodyara decretó la huelga argumentando “negativa patronal a negociar”, y por "las repetidas ausencias de la empresa en las audiencias convocadas por el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Santa Fe", incluso hay un encuentro convocado para este martes 1 de septiembre.

“El viernes efectivos policiales avanzaron sobre los trabajadores en huelga y los obligaron a desalojar el acampe que mantenían frente a la planta industrial desde hace 70 días”, precisaron. La medida se activó tras un pedido del fiscal Alejandro Rodríguez y al que hizo lugar el juez Santiago Banegas, puntualizó la comisión directiva del gremio.

"Este nuevo accionar antisindical de la patronal y de las fuerzas represivas del estado ha llevado al Sindicato a decidir el inicio de un plan de lucha gremial, comenzando con una huelga general regional desde el lunes 31 de agosto", remarcaron.

Fuentes sindicales conformaron que la medida "es por tiempo indeterminado" y afectará la actividad de las plantas aceiteras y desmontadoras de algodón en las localidades santafesinas de Reconquista y Avellaneda.

Los aceiteros aseguraron que "los funcionarios judiciales cedieron al propósito exigido en reiteradas ocasiones por el Grupo Vicentin de criminalizar el reclamo salarial de los trabajadores de la planta".

Para los gremialistas, todo "el aparato policial en esa región de la provincia, comandado por el juez y el fiscal, se desplegó al servicio del Grupo Vicentin", y reseñaron que ya el 18 de agosto, como publicó este diario, "una patota dirigida por el abogado de la compañía e integrante de la familia, Héctor Vizcay, agredió a dos obreras de Avellaneda, quienes debieron ser hospitalizadas, ante la pasividad policial".