El fiscal Franco Picardi apeló hoy la falta de mérito dictada a los empresarios de las empresas  Odebrecht, Iecsa, Ghella y Comsa, adjudicatarios de las obras de soterramiento del tren Sarmiento y solicitó que sea procesados por cohecho activo.

En el escrito, el fiscal recurrió los procesamientos dispuestos sobre los empresarios Héctor Javier Sánchez Caballero y Héctor Ramón Castro, como responsables del delito de presentación u ofrecimiento de dádivas a un funcionario público y solicitó del mismo modo que sean procesados por cohecho activo.

Picardi entendió que está probado que los empresarios, integrantes de las empresas del consorcio ganador de la licitación, pagaron sobornos a funcionarios públicos del entonces Ministerio de Planificación Federal para lograr la adjudicación y continuidad de la obra, con un correlato en el direccionamiento de la licitación.

Para el Ministerio Público Fiscal hubo una primera etapa en el delito que consistió en el pago de un millón de pesos al entonces secretario de Transporte Ricardo Jaime, vía una consultoría inexistente, y un segundo tramo donde se utilizaron empresas offshore para la triangulación de dinero, y se logró determinar la fuga de casi cinco millones de dólares al principado de Andorra.

"La maniobra se cierra con la participación de Jorge 'Corcho' Rodríguez como intermediario entre los ex funcionarios José López y Roberto Baratta", según la investigación del fiscal.

Con estos argumentos, Picardi insistió en el procesamiento de Mario José Blanco, Lorenzo Ghella, Riccardo Dina, Gianvincenzo Coppi, Mario Cenciarini, Santiago Ramón Altieri, Alejandra Érika Kademián, Ángel Antonio Calcaterra, Manuel España, Diego Alonso Hernández, Pablo Guillermo Previde, Augusto Omar Salvador Jorge Adur, Juan Ramón Garrone, Roberto Fabián Rodríguez y Diego Luis Pugliesso.

Por este motivo, el Fiscal solicitó que se procese por negociaciones incompatibles y cohecho pasivo a Ricardo Jaime, Roberto Baratta, José López y Juan Pablo Schiavi. Mientras que solicitó que se procese como participes necesarios del cohecho a Manuel Vázquez y Jorge Rodríguez, intermediarios en el esquema de sobornos.

En la apelación, el fiscal federal solicitó además, como medidas cautelares de carácter patrimonial, que se embargue a las empresas  Odebrecht y Ghella por la suma de 300 millones de pesos; a la firma Comsa, por 100 millones de pesos, y a Angelo Calcaterra, por la venta de las acciones mayoritarias de Iecsa, por la suma de 249 millones de pesos.

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