A más de dos meses de iniciada la toma en Guernica, partido de Presidente Perón, "la idea es relocalizar" a las personas que ocupan el predio "en sus lugares de origen", según aseguró el titular de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, quien pidió la "no judicialización" del conflicto. Ayer, la Justicia pospuso el desalojo para el 1 de octubre.

"Las personas están en la toma por una necesidad social, no por un delito", remarcó el defensor bonaerense en declaraciones a El Destape Radio, y en referencia al magistrado a cargo, Martín Rizzo, expresó: "Más allá de que no estamos de acuerdo que el tema esté judicializado, el juez tiene buena voluntad para acompañar las decisiones de la Provincia".

Rizzo, el juez de Garantías de La Plata con asiento en la localidad de Cañuelas, pospuso ayer el desalojo previsto para este miércoles. Así, la nueva fecha es el 1 de octubre próximo o, en su defencto, los días 2 y 5 de ese mes.

Con su decisión, el juez hizo lugar a un escrito del ministro bonaerense de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, presentado por el gobernador Axel Kicillof, en el que pidió que se retrase el desalojo para "continuar negociando una salida sin violencia", con la asistencia de la Mesa de Articulación que integran organismos de la provincia de Buenos Aires y agrupaciones barriales.

Sin embargo, la postergación también implica que el gobierno de Kicillof arme un plan para reubicar a las 2.500 familias que habitan el lugar en carpas o precarias construcciones de lonas, palos y chapas. Aún no hubo un acuerdo con los ocupantes, pero la decisión, como adelantó Lorenzino, es "relocalizar" a las personas en el municipio del cual provienen, para lo cual los partidos en cuestión deberán ceder terrenos propios para construir hogares.

Aún así, para Lorenzino si bien "la fecha es el 1 de octubre seguro va a llevar más tiempo", y consideró que "la salida es de política pública", ya que la gobernación bonaerense deberá encargarse del traslado de las personas y garantizar un techo para que habiten, con las condiciones necesarias para eso.

La relocalización se regirá en base a un censo que realizaron los ministerios bonaerenses de Desarrollo de la Comunidad, Justicia y Derechos Humanos, y Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, en colaboración con la intendenta peronense, Blanca Cantero, quien fue la primera en dialogar con Larroque sobre la distribución de tierras, ya que la mayoría de las personas asentadas provienen de Guernica.

De acuerdo al censo, hay 2.344 parcelas ocupadas. De las 1.904 personas que contestaron las preguntas del gobierno bonaerense, 650 son de Guernica: representan poco más de un tercio de los habitantes de las tierras tomadas. El resto provienen del partido lindero Almirante Brown, algunas familias son de Quilmes o de La Matanza.

"Planteamos la no judicialización de la toma y estamos en contra de la intervención de la fuerza de seguridad. Los propietarios reclaman algo legítimo, que son sus terrenos, pero tienen que entender que esa respuesta no es inmediata", remarcó el defensor Lorenzino.

Por su parte, cuestionó la cobertura periodística de la toma, al opinar que "los medios necesitan construir un imaginario de tomas masivas que no tiene nada que ver con la realidad". "Hay muchos que la realidad los obligó a buscar un espacio. La necesidad es real. Puede haber algún pícaro, pero la necesidad es real", insistió.

La ocupación del terreno de 100 hectáreas comenzó el 20 de julio y ya reúne a unas 2.500 familias, que formaron cuatro barrios o sectores: La Unión, La Lucha, 20 de Julio y Nuevo San Martín.

El propietario que reclama la parcela más extensa es El Bellaco SA, mientras que otras tierras están a nombre de Liorsel SA y de Nidia Edith Desplats y su hijo, Guido Giana, concejal de Presidente Perón por Juntos por el Cambio, de acuerdo al estudio “El conflicto por la tierra en Guernica”, realizado por el Equipo de Investigación Política (EdIPo)

Para lograr que el desalojo se realice en forma pacífica, desde hace diez días trabaja una Mesa de Articulación, compuesta por los Ministerios de Desarrollo de la Comunidad, Seguridad, Justicia y Derechos Humanos; la Subsecretaría de Hábitat de la Comunidad, la Subsecretaría de Políticas Sociales y los organismos de la Niñez y Adolescencia, así como la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, la Universidad Nacional de La Plata, y unos 100 censistas del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad.