Las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y 22 organismos de Derechos Humanos presentará esta mañana en el Obelisco un amicus curiae al juez Martín Rizzo, que está a cargo de la causa que resuelve la toma de terrenos en Guernica. En el acto, pedirán que se suspenda el desalojo, al remarcar el derecho a la "vivienda digna y adecuada" de las 2.500 familias que ocupan el predio.

Las organizaciones buscan ser tenidas en cuenta como amicus curiae o Amigos del Tribunal "con el objeto de acompañar" al magistrado con "fundamentos que se consideran relevantes" para resolver la causa, en el marco de la cual se fechó un desalojo para el 1 de octubre.

Entre los solicitantes se encuentran las Madres de Plaza de Mayo Nora Cortiñas, Mirta Baravalle, Elia Espen, Elsa Pavón y Marcela Ledo, así como Adolfo Pérez Esquivel y Sergio Maldonado. La presentación cuenta con la adhesión de diputados, referentes y cientos de organizaciones sindicales, políticas y sociales de todo el país.

Qué piden al juez Rizzo

  1. Ser tenidos en cuenta "en las presentes actuaciones" y luego "admitidos como Amigos del Tribunal" o amicus curiae, con el objetivo de prestar su punto de vista en la resolución del conflicto judicial.
  2. "Se deje sin efecto" el desalojo del 1 de octubre.
  3. "Se arbitren los medios para que cese de inmediato el hostigamiento policial y civil contra las familias, personas adultas, adolescentes y niños/as que habitan los predios en cuestión".
  4. "Se otorgue absoluta prioridad al elemental derecho a la vivienda de las miles de familias afectadas brutalmente por la actual crisis social, económica, y sanitaria".

Como organismos que ejercen "la defensa cotidiana de los Derechos Humanos", se suman a "la desesperada demanda que surge de la necesidad de vivienda que atraviesa a miles de familias" que se asentaron en el predio de la localidad de Villa Numancia, Guernica, en el partido de Presidente Perón, "en el marco de la histórica y notoria crisis social, económica y sanitaria que atraviesa nuestro país" que llevó a "decenas de miles de personas han pasado a una situación de pobreza e indigencia con la consecuente imposibilidad de costear una vivienda y el pago de un alquiler".

"Hasta la fecha, vemos con extrema preocupación que se contemple el lanzamiento o el desalojo como única salida posible a la ocupación", indican en el amicus curiae, donde describen que "más de dos mil familias sin techo se instalaron en un predio de unas 100 hectáreas, en medio de la pandemia y el frío, en el marco de la peor crisis que el país recuerde en mucho tiempo" mientras que "la pretendida titularidad de las tierras ocupadas no ha sido acreditada por los denunciantes en las presentes actuaciones".

En un repaso de la Constitución Nacional y los tratados y leyes internacionales de Derechos Humanos a los que Argentina suscribe, remarcaron que "las familias ocupantes requieren el ejercicio del derecho a una vivienda digna y a un hábitat adecuado reconocido constitucionalmente". "La legislación internacional que recepciona los Derechos Humanos contempla el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado, incluida una vivienda adecuada" así como "la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios", indicaron.

"Resulta evidente que estos preceptos chocan abiertamente con el discurso de la llamada meritocracia que buscan instalar desde algunos sectores políticos o comunicacionales y que repercute en determinados sectores de la sociedad en los cuales se busca instalar con carácter de 'sentido común'. Ni el ordenamiento legal ni el Derecho son neutros y deben contemplar los derechos fundamentales consagrados por nuestra Carta Magna y en los tratados internacionales de raigambre constitucional", cuestionaron en el documento.

Por eso, consideraron que con esta decisión la Justicia está "priorizando mediante el derecho penal la defensa de centenares de hectáreas de dudosa titularidad y posesión, que se encuentran completamente ociosas desde hace décadas por sobre los Derechos Humanos consagrados".

En cuanto a la decisión de desalojo, enfatizaron que "no se ha visto configurado en el caso el tipo penal de usurpación que ha dado lugar a la presente “instrucción penal preparatoria”, ya que no tuvieron lugar situaciones de "violencia, amenazas, engaños, abusos de confianza o clandestinidad para ingresar al inmueble", con lo cual manifestaron su "expreso rechazo a la disposición" prevista para este jueves 1 de octubre.

Además, denunciaron "el hostigamiento policial y las situaciones de violencia a las que son sometidas las personas que habitan las tomas, incluyendo el personal médico y otras personas externas a la ocupación de las tierras, que se acercan a colaborar de distintas maneras", entre lo que incluyeron "detenciones a los habitantes de la toma y a miembros de organizaciones sociales que transportaban mercaderías o elementos para intentar crear mejores condiciones de permanencia en los predios en cuestión".

"Las amenazas constantes de cortes de energía eléctrica, para persuadir a los habitantes de la toma para que dejen el lugar, no pueden entenderse sino como un inaceptable chantaje y agravio a la dignidad de las personas, carente de cualquier rasgo de humanidad, por parte de institucionesy operadores que jamás han pasado por necesidades similares a las de quienes ocupan los terrenos", insistieron.

Quiénes firman el petitorio

Los organismos de DDHH firmantes son: AEDD (Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos), Asamblea Permanente por los DDHH, APDH La Matanza, APEL (Asociación de Profesionales en Lucha), CADEP (Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo), CADHU (Centro de Abogades por los DDHH), CAJ (Comité de Acción Jurídica), CEPRODH (Centro de Profesionales por los DDHH), Comisión Memoria y Justicia por la Masacre de La Plata, CMM (Corriente Memoria Militante), CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional), EATIP (Equipo Argentino de Trabajo e Investigación Psicosocial, EMCF (Encuentro Militante Cachito Fukman), HERMAN@S de Desaparecidos por la Verdad y la Justicia, H.I.J.O.S. Zona Oeste (Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio), H.I.J.O.S. La Plata, LADH (Liga Argentina por los Derechos del Hombre), Liberpueblo, MEDH (Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos), ODH (Observatorio por los DDHH de la Ciudad), SERPAJ (Servicio Paz y Justicia) y UADH (Unión Argentina por los DDHH).