El Tribunal Oral Federal 4 le otorgó este miércoles la excarcelación al empresario Lázaro Báez en la causa por lavado de dinero, aunque tendrá arresto domiciliario por otra investigación en su contra por el mismo delito.

Los jueces dispusieron la colocación de una tobillera electrónica que le permitirá movilizarse a 100 kilómetros a la redonda de donde fijé domicilio y antes de salir deberá pagar 632 millones de pesos de fianza.

Tras muchos pedidos de liberación denegados, este miércoles la Cámara Federal de Casación Penal anuló un fallo que rechazaba su excarcelación o su prisión domiciliaria y le ordenó al Tribunal Oral 4 -que lo juzga por ese delito- volver a resolver sobre el planteo, algo que finalmente se resolvió a favor de Báez.

Esta mañana, los camaristas Javier Carbajo y Mariano Borinsky anularon el rechazo a la excarcelación firmado por el Tribunal y le ordenaron volver a resolver "con razones fundadas para demostrar la invalidez del dictamen fiscal", que avaló la morigeración de la prisión preventiva de Báez porque, caso contrario, al no haber oposición de la parte acusadora, debería hacerse lugar a la petición.

Por otra parte, los camaristas remarcaron que la parte querellante en el caso, la Unidad de Información Financiera (UIF), "no se hizo presente" a la audiencia fijada para debatir la cuestión.

A principios de marzo de este año, La Unidad de Información Financiera (UIF) pidió condenar a 9 años de prisión al detenido empresario Lázaro Báez por " lavado de activos agravado", al dar por probado que montó una estructura para sacar del país al menos 50 millones de dólares rumbo a paraísos fiscales con dinero proveniente de la obra pública.

Al término de su alegato final ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 4, el organismo querellante solicitó además que se sentencie a 8 años de cárcel al mayor de los cuatro hijos del dueño de "Austral Construcciones", Martín Báez; a cinco años a Luciana y Leandro y a 4 años y a seis meses a la hija menor, Melina.

El empresario y dueño de Austral Construcciones fue detenido el 6 de abril de 2016 por orden del juez federal Sebastián Casanello, en el marco de la causa por maniobras de lavado a través de la financiera SGI, conocida como "La Rosadita".