Luego del escándalo por la actualización del protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y su inmediata cancelación, el Gobierno finalmente publicó hoy en el Boletín Oficial el decreto que lo deroga y responsabilizó a la secretaría de Salud por dictar la resolución "sin consultar la opinión de los superiores jerárquicos".

De esta manera, el documento firmado hace dos días por el secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, quedó sin efecto. Según el decreto 785/2019, la resolución fue una decisión unilateral, "máxime teniendo en particular consideración la relevancia e implicancias de las cuestiones en ella reguladas".

Ayer, la ministra de Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley, había adelantado que el Gobierno iba a dar marcha atrás con el nuevo protocolo. Hoy en el decreto que lleva su firma y la de el presidente Mauricio Macri y el jefe de Gabinete, Marcos Peña; destacó que el titular de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia manifestó "no haber participado del proceso de formulación de la misma, aun cuando varias de las disposiciones del mencionado Protocolo, repercuten en los derechos de niñas y adolescentes".

También mencionó la falta de intervención del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, de la Agencia Nacional de Discapacidad y del Instituto Nacional de las Mujeres.
Se sostiene que "la resolución citada fue dictada por la Secretaría de Gobierno de Salud sin consultar la opinión de sus superiores jerárquicos, máxime teniendo en particular consideración la relevancia e implicancias de las cuestiones en ella reguladas".

La actualización del protocolo de ILE apuntaba a cambios específicos como el detalle de los procedimientos a seguir a la hora de recibir a una mujer embarazada en un centro de salud. Establecía que en la primera consulta médica debía realizarse la pregunta sobre si ese embarazo ameritaba alguna de las causales de interrupción legal y a partir de ese momento, se definía el procedimiento y se establecía qué tipo de tratamiento se le debía dar a la embarazada según el grado de avance.

Además, el protocolo indicaba que en el caso de gestaciones de menos de 12 semanas, los abortos a realizar podían ser por medio de medicamentos y ambulatorios, con un seguimiento médico. De allí en adelante se evaluaría el aborto con misoprostol hospitalario y en ese caso, se incrementaría la dosis, en gramos y en frecuencia.

Se podría combinar con otros métodos de intervención médica. Según informaba el protocolo, "el tratamiento con mifepristona combinado con misoprostol es el gold standard para la interrupción medicamentosa de un embarazo".

El embarazo en niñas tenía su párrafo aparte. "En las situaciones de embarazo en menores de 15 años debe considerarse siempre la posibilidad de acceso a ILE por riesgo para la salud o la vida", aseguraba el documento y profundizaba: "Los riesgos biomédicos relacionados con el embarazo y el parto son mayores en las niñas y adolescentes más jóvenes que tienen peores resultados maternos y neonatales comparadas con mujeres de mayor edad (muerte materna, infecciones, eclampsia, fístula obstétrica, parto prematuro y mortalidad neonatal)"

 Y argumentaba con datos: "Como señala el Fondo de Población de Naciones Unidas, el riesgo de muerte materna en menores de 15 años en países de ingresos bajos y medios es dos veces mayor al de las mujeres mayores. Las niñas y adolescentes de 15 años o menos tenían una probabilidad cuatro veces mayor de mortalidad materna al comparar con el grupo etario de 20 a 24 años. También tenían una probabilidad cuatro veces mayor de endometritis puerperal, 60% más probabilidad de eclampsia y de hemorragia posparto. Asimismo, en el área de la salud mental se han observado altas tasas de síntomas de depresión y ansiedad en las adolescentes durante el embarazo y el posparto, que en general son más altas que las de la población adulta. El Comité de los Derechos del Niño alerta sobre el mayor riesgo que tienen las adolescentes embarazadas y puérperas de experimentar síntomas depresivos y desarrollar pensamientos suicidas en comparación con las mujeres adultas en el mismo estado".

Por otro lado, el documento actualizó las cifras de aborto: en la Argentina se realizan entre 370.000 y 522.000 interrupciones de embarazos por año.