Última semana de ordinarias: guerra de sesiones y el futuro del Presupuesto 2025
Abundan pedidos de sesiones y el Gobierno decide si llama a extraordinarias: el diálogo se mantiene roto, la oposición analiza cómo sacarle el volante a Caputo y la cuenta regresiva del Presupuesto 2025
En esta última semana de sesiones ordinarias la política define sobre el futuro de la “Ley de Leyes”, la reforma electoral y el DNU 846 de canje de deuda. Con cuatro pedidos de sesiones y a la espera de si se retoma el diálogo entre el Gobierno y las provincias, se definirá si se llama a extraordinarias para continuar con el Presupuesto y tratar la eliminación de las P.A.S.O, o si cierra el Congreso hasta marzo.
Los mandatarios provinciales, como contó este medio, quieren reconstruir los puentes de negociación y pidieron una reunión este lunes con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el asesor presidencial, Santiago Caputo, en pos de llegar a un acuerdo que permita continuar la negociación por el Presupuesto en diciembre. Hasta este domingo, según pudo saber BAE Negocios, la reunión todavía no se confirmó.
El Gobierno los mantiene en vilo y acorralados ante la posibilidad de que decidan prorrogar nuevamente el Presupuesto 2023: el oficialismo sabe que la oposición no tiene otra alternativa más que ceder ante el presupuesto libertario si quieren actualizar las partidas y asegurarse del cumplimiento de los convenios por obras públicas. “Preferimos tener un Presupuesto actualizado aunque no sea bueno, a que seguir prorrogando el viejo”, reconocen en los pasillos del Congreso referentes de los oficialismos provinciales.
El último intento de presionar al Gobierno es con el rechazo del DNU que flexibiliza el canje de deuda, programado para ser tratado en Diputados este martes a las 15. Los bloques de Encuentro Federal, Democracia Para Siempre y Unión por la Patria insistieron con este pedido, luego de que los gobernadores los dejaran sin quórum para llevarlo a cabo dos semanas atrás, pero no se aseguran que la foto haya cambiado.
Si bien la oposición sostiene que sin ese DNU el Gobierno se vería forzado a tener un nuevo Presupuesto para fijar su plan financiero, en Balcarce 50 se muestran intransigentes. Además, creen que el interés de mantener una “mejor calificación crediticia” es compartido con los gobernadores y, en ese sentido, a ellos tampoco les convendría que no se mantenga esa normativa. Así se lo expresaron a este diario desde un importante despacho de Casa Rosada la semana pasada, luego de que se dé a conocer el pedido de sesión. El tiempo es un factor clave, puesto que la urgencia del Gobierno para frenar el intento de bajar ese DNU se venció, con el término de las ordinarias a la vuelta de la esquina. A cinco días hábiles de que termine el año legislativo, los tiempos para negociar se terminaron. El Senado presiona para sesionar el jueves y terminar por derogarlo.
El cálculo que deslizan en Casa Rosada es de 3,7 millones de dólares: esa es la cifra que le sellaron a los pedidos de los gobernadores para defender que no quieren cumplir con la regla del déficit cero, la bandera que no da el brazo a torcer. “Va más allá del déficit cero, no quieren que les toquen las partidas como las designaron ellos”, analizaba una fuente del radicalismo, luego de que el Gobierno sorprendiera con la suspensión de la firma del dictamen del Presupuesto el martes pasado. Los mandatarios provinciales habían amenazado con ir con un dictamen alternativo, en vez de firmar el del oficialismo en disidencia, y eso fue la gota que rebalsó el vaso.
El Gobierno endureció su postura y los diputados opositores que no responden a los intereses de los gobernadores analizan cómo colar el Presupuesto en el recinto directamente, para aunque sea avanzar con un dictamen o un emplazamiento de las comisiones. Creen que con ese paso tomado pueden tener más herramientas para negociar, aunque el presidente Javier Milei puede acudir al veto presidencial. La otra opción es tratar un proyecto que presentaron los radicales de Pablo Juliano para extender las sesiones ordinarias, pero necesitarían dos tercios.
En esa línea, el Congreso se afronta no solamente a la sesión por el DNU de deuda el martes, sino también a otros pedidos: uno el de la reforma sindical, pedido por Martín Tetaz (UCR) a pesar de que no tuvo dictamen, para ese mismo martes a las 13. El miércoles esperan también tratar los proyectos para restringir la publicidad de los juegos de azar y otras medidas en pos de combatir la ludopatía. También aguarda el pedido del PRO para volver a intentar sesionar por Ficha Limpia: La Libertad Avanza lo acompañó, a pesar de que ellos no aportaron a dos legisladores que hubiesen logrado revertir la falta de quórum de la semana pasada. Todos los temas generan divisiones incómodas para todos los bloques y, además, cada vez que se abra el recinto el oficialismo se arriesga a que la oposición salte con un revés que los desplace del volante por el Presupuesto. Los únicos dos pedidos que están programados son los del martes.
A la ensalada de proyectos se suma que el Gobierno envió el jueves pasado la reforma electoral para eliminar las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y modificar el financiamiento a los partidos políticos. Ante la posibilidad de que se incluya en el temario de extraordinarias, junto al Presupuesto, del oficialismo se mantienen reservados: “No descartamos pedir para las PASO, pero estamos evaluando cómo ordenamos el Presupuesto”. No sería la primera vez que el Gobierno expone el “ajuste a la política” aprovechando la negociación presupuestaria.
