Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola apelaron el arresto domiciliario concedido a la expresidenta Cristina Kirchner en el marco de la causa Vialidad. En una presentación de 33 carillas, reclamaron que se revoque el beneficio y que “continúe cumpliendo la pena de prisión que se le impuso en una unidad carcelaria”.

El recurso fue presentado ante la Cámara Federal de Casación Penal, que deberá analizar si ratifica la decisión del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) o acepta los argumentos de la Fiscalía. El TOF 2 le había concedido la detención domiciliaria el 17 de junio, por razones de seguridad derivadas del intento de homicidio que sufrió el 1° de septiembre de 2022 y por su doble rol como exjefa de Estado.

“No nos podemos desentender del impacto social negativo que la modalidad de ejecución de la pena dispuesta ha producido, no solo por no respetar la regla de cumplimiento efectivo de las penas, sino también por la desvirtuación que se advierte en el modo en que se viene cumpliendo la detención domiciliaria”, afirmaron los fiscales.

Luciani y Mola sostienen que “jamás existieron motivos reales para apartarse de lo que constituye una clara regla del Código Penal y de la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad: la pena de prisión debe cumplirse dentro de un establecimiento penitenciario”.

Además del pedido de revocatoria, plantearon una alternativa: en caso de mantenerse la modalidad domiciliaria, que no sea en el departamento de San José 1.111, en el barrio porteño de Monserrat. Citando un informe de la Procuración General de la Ciudad, señalaron que el domicilio actual genera complicaciones en la zona, como interrupciones en el servicio de recolección de residuos, obstrucción del paso de ambulancias y reclamos de vecinos por ruidos molestos.

Los fiscales adjuntaron imágenes de manifestaciones, concentraciones y personas sobre balcones de edificios linderos como prueba de los problemas de seguridad. “Es necesario que el tribunal de casación declare que no existe impedimento real alguno para que Fernández cumpla intramuros la pena que se le impuso”, argumentaron.

El Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, ya había informado al TOF 2 sobre posibles lugares donde Cristina Kirchner podría cumplir su pena bajo custodia de fuerzas federales, sin quedar aislada. La Fiscalía señaló que el tribunal no valoró adecuadamente ese informe.

En su dictamen, también remarcaron un “trato desigual” respecto de los otros ocho condenados en la causa, quienes se presentaron ante el tribunal para quedar detenidos, a diferencia de la expresidenta.

Por otro lado, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, denunció una presunta irregularidad en el personal de custodia. Aseguró que uno de los agentes que vigila a la ex mandataria vestía una campera de la Guardia de Honor Presidencial de Venezuela. “Defender una custodia que en un momento tan importante ni se da cuenta de lo que está pasando muestra algo raro”, dijo, y agregó: “No puede un efectivo de seguridad tener una campera de una guardia pretoriana”.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, compuesta por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, deberá analizar todas las apelaciones pendientes en el expediente. Entre ellas se encuentran la queja de la defensa por el régimen de visitas y el uso de la tobillera electrónica. La audiencia sobre las visitas fue convocada para el 7 de julio a las 12.