Después de días de intensas negociaciones, el gobierno oficializó el otorgamiento del bono de $5.000 para el sector privado. El objetivo de la medida es compensar rápidamente la pérdida de poder adquisitivo después del salto del dólar tras las PASO y el consecuente rebrote de la inflación. Sin embargo, el resultado muestra sutilmente la visión que tiene el ejecutivo del funcionamiento de la economía y lo que les corresponde a los actores sociales.

En primer lugar, el bono no representa un incremento salarial en sí mismo, ya que se considera un plus cuenta de futuros aumentos paritarios. Así, los trabajadores no pueden proyectar una suba de sus ingresos a futuro, por lo que destinaran el incremento a saldar deudas o compensar subas presentes para mantener cierto nivel de consumo.

Además, los efectos regresivos de la proyección de la inflación para el período agosto diciembre en un salario promedio sobrepasa el monto del bono, que ni siquiera compensa esa pérdida. Sumado e eso, algunos gremios lo pagarán en cuotas, tal el caso de comercio, uno de los que más afiliados tiene, que lo hará en cinco pagos.

Por otro lado, el bono es de carácter no remunerativo, es decir no tiene en cuenta la seguridad social y quedan excluidos los trabajadores del régimen agrario y del servicio doméstico. También deja la puerta abierta para que las empresas en crisis no lo paguen. En un contexto donde día a día se conocen fábricas que bajan las persianas y despiden trabajadores, suspenden personal por la caída en las ventas  o llaman a concurso preventivo de crisis, no queda margen para otorgar un bono, sino que la urgencia está puesta en la supervivencia.

Finalmente, muchas personas fueron despedidas por la crisis o pasaron a ser monotributistas, tal como marcan las estadísticas oficiales, por lo que no tendrán ningún plus para compensar la pérdida de poder adquisitivo. Así, el efecto macroeconómico para reactivar un mercado interno en ruinas será nulo y las ventas y la producción continuarán con números en rojo. Hay que recordar que el salario y el empleo fueron los grandes perdedores del gobierno macrista, que terminará su mandato con un salto del dólar del 500% y de la inflación del 300%.

El carácter neoliberal de los hacedores de política económica no tiene en cuenta la importancia del salario y la demanda agregada en la actividad económica, la producción y el empleo. El consumo es el 75% del PBI argentino. Para ellos, el salario es un costo, y cuanto más bajo, se supone mejor. A esto se suma la desprotección de la industria nacional.

La realidad choca con la teoría, arrojando números negativos para todas las variables económicas y sociales del país. No hay lluvia de inversiones, ni aumento del empleo ni proliferación de la actividad privada. Incluso, muchos empresarios en un comportamiento individual no se  percatan o convencen de que la macroeconomía no funciona como las “robinsoneadas” que la ortodoxia nos receta. Para cambiar la realidad hay que empezar por abrirse a nuevas ideas, lo que no implica reconocer errores que se hayan cometido o renovar políticas que otrora tuvieron resultados parciales.

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