La Cámara Federal porteña confirmó hoy una ampliación del procesamiento a la ex presidenta Cristina Kirchner por cinco casos de cohecho, en el marco de la causa por los cuadernos de las coimas en la obra pública y, al mismo tiempo, dictó la falta de mérito en un tramo de la investigación por el supuesto pago de sobornos de parte de empresas del transporte beneficiadas con subsidios al gasoil.

Ambas disposiciones fueron dispuestas por la Sala I del Tribunal, que en el caso de sobreseimiento le ordenó al juez federal Claudio Bonadio profundizar la investigación y realizar una nueva pericia.

En cuanto a la ampliación del procesamiento, la Sala confirmó además las acusaciones sobre el ex director de Energías Renovables del ex Ministerio de Planificación Federal, Fabián Ezequiel García Ramón; y los empresarios Gerardo Ferreyra, Jorge Neyra y César de Goycoechea, entre otros.

En el mismo fallo, los jueces fijaron los embargos de la ex presidenta y demás acusados en 50 millones de pesos.

Los presuntos pagos ilegales por los cuales la procesó en primera instancia el juez federal Claudio Bonadio fueron señalados por el remisero Oscar Centeno entre el 21 y el 23 de julio de 2010.

Según su declaración, algunos fueron entregados por el ex funcionario Roberto Baratta en la Quinta de Olivos y otros por el fallecido ex secretario privado Daniel Muñoz en el departamento de los Kirchner en el barrio de Recoleta.

Pero también se la procesó por pagos hechos entre el 30 de julio y fines de septiembre de 2010 en el edificio en la calle Uruguay, donde vive la ex mandataria.

"En lo que aquí interesa, en el auto de mérito dictado el 23 de abril pasado, el Magistrado Instructor amplió el procesamiento de Cristina Fernández y Ezequiel García Ramón, por considerarlos responsables del delito de cohecho pasivo, como coautora de cinco (5) hechos la primera y como partícipe necesario de tres (3) casos el último", sostuvo el Tribunal.

"No es ocioso recordar aquí que todo el mecanismo de recaudación ilegal de fondos fue estructurado desde la cúspide del PEN, tomando como eje al Ministerio de Planificación Federal", añadieron los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.

Los camaristas también ratificaron los procesamientos de los empresarios Gerardo Ferreyra, Osvaldo Acosta y Jorge Neira.

Falta de mérito

La Sala I también dispuso la falta de mérito en un tramo de la investigación por el supuesto pago de sobornos de parte de empresas del transporte beneficiadas con subsidios al gasoil.

En primera instancia, Bonadio había procesado a la ex mandataria por presunta defraudación y cohecho pasivo, en el marco de la investigación que surgió como desprendimiento de la causa de los cuadernos de Centeno, ex chofer de Baratta.

Ahora, los camaristas Bruglia y Bertuzzi evaluaron en su fallo que "ninguna de las pruebas allí reunidas tiene incidencia en los hechos". Y Así ordenaron a Bonadio profundizar la investigación y realizar una nueva pericia.

Para los jueces, es necesaria una pericia hecha en unidades de transporte para demostrar que se adulteraban los trayectos recorridos para acceder a los subsidios al gasoil, pues eso "constituye un importante límite para avanzar en la dilucidación de los hechos del presente sumario".

Se impone la necesidad de llevar a cabo un estudio pericial que permita superar las falencias apuntadas, en el que se incluyan todas las variables con incidencia en el cálculo de los subsidios al transporte, así como el referido a la cuota mensual de combustible a precio diferencial", señalaron.

"Es por ello que, una vez que se reúnan todos los factores de las ecuaciones respectivas y sean aunados bajo una lectura integral que las cohesiones con las exigencias propias de un examen pericial, se asistirá a un escenario procesal óptimo para llevar a cabo la evaluación reclamada a la luz de la ley penal", concluyeron. 

Junto a la falta de mérito de Cristina Kirchner también se dispuso la misma resolución para el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido; los ex secretarios de transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, Antonio Sicaro, Pedro Ochoa Romero y Roque Lapadula, y a distintos empresarios del sector de transporte automotor.

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