Una investigación periodística reveló que la farmacéutica Pfizer intentó "intimidar" a los Gobiernos latinoamericanos durante las negociaciones de la vacuna contra el coronavirus (Covid-19), en las que pidió, por ejemplo, que los países pusieran sus activos soberanos, como edificios de embajadas, bases militares y reservas del Banco Central, como garantía contra el posible costo de futuras e hipotéticas demandas legales.

De acuerdo con el informe liderarada por el Bureau of Investigative Journalism (TBIJ) y el medio peruano Ojo Público, el laboratorio que produjo una de las vacunas contra la pandemia exigía cláusulas "abusivas" para distribuir su antídoto. De hecho: ni Argentina ni Brasil llegaron a un acuerdo con la farmacéutica, mientras que en Perú Pfizer solicitó durante el proceso de negociación incluir cláusulas que reducían la responsabilidad de la empresa ante posibles efectos adversos. Además, funcionarios de un país latinoamericano no identificado denunciaron que estas cláusulas demoraron más de tres meses las negociaciones.

La actitud de Pfizer a la hora de vender sus vacunas generó mucho malestar en latinoamerica. Ginés González García, el ahora exministro de Salud tras el escándalo denominado como el "vacunatorio VIP", denunció a principios de febrero que Pfizer "se portó muy mal" con Argentina y sostuvo que las objeciones de ese laboratorio internacional fue la aparición de la palabra "negligencia" en la ley para contratar la provisión de vacunas contra el coronavirus.

"No entendemos por qué Pfizer tiene tantas exigencias de inmunidad y prevención, es como si no le tuvieran fe a la vacuna", declaró González García en diciembre. Y los datos de la investigación lo reflejan: Pfizer pidió que se le indemnizara por el costo de cualquier futura demanda civil, que el país contratara un seguro internacional para pagar posibles casos futuros contra la empresa y que el gobierno pusiera sus activos soberanos -que podían incluir reservas de bancos federales, edificios de embajadas o bases militares- como garantía.

Cualquier retraso en los países que reciben vacunas significa un continuo incremento de personas que contraen coronavirus y que, potencialmente, mueren

Esto último colmó la paciencia de los negociadores argentinos. "Era una exigencia extrema que sólo había escuchado cuando había que negociar la deuda externa, pero tanto en ese caso, como en este, la rechazamos inmediatamente", declaró un funcionario nacional no identificado a TBIJ. Es que, según se desprende de las exigencias, el laboratorio quería desligarse de toda responsabilidad por efectos adversos en la vacuna, errores en la distribución y fallas en la conservación del antídoto, aun si la culpa era del mismo Pfizer.

"Por ejemplo, ¿qué pasaría si Pfizer interrumpe involuntariamente la cadena de frío de la vacuna (de transporte y almacenamiento a -70C)... y un ciudadano quiere demandarlos? No sería justo que Argentina pagara por un error de Pfizer", criticó el funcionario.

El fracaso en las negociaciones dejó a Argentina sin la posibilidad de acceder a las vacunas de Pfizer, por lo que debió comprar dosis de Sputnik V, AstraZeneca, Moderna y Sinopharm, entre otros. Pese a que finalmente no se llegó a un acuerdo, Pfizer comenzó a probar su vacuna en embarazadas e incluyó a la Argentina dentro de la lista de países para realizar el ensayo.

Los casos de Brasil y Perú

Las negociaciones fallidas no sólo fueron con el gobierno argentino.  Es que Pfizer también pidió al ministerio de Salud de Brasil que le otorgue indemnidad y solicitó que pusiera activos soberanos como garantía, además de crear un fondo de garantía con dinero depositado en una cuenta bancaria en el extranjero. En enero, el ministerio rechazó estas condiciones, calificando las condiciones de "abusivas". 

Según un funcionario de un país latinoamericano, los negociadores de Pfizer tenían una rutina de "policía bueno, policía malo", en la que el "policía malo" presionaba al gobierno para que comprara más dosis. "Compren más, van a matar a la gente, la gente va a morir por su culpa", decía una responsable de Pfizer según el funcionario.

Brasil y Argentina rechazaron las condiciones que quería poner Pfizer

En Perú no solo se reclamó incluir cláusulas que eximen de responsabilidad a la farmacéutica por los eventuales efectos adversos de la vacuna, sino también por la demora en la entrega de los lotes, así como implementar todas las normas legales necesarias para cumplir con las obligaciones al proveedor frente a demandas futuras e indemnizaciones. 

Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país consideraron estos pedidos como "extremos" y muy diferentes a los de otros desarrolladores de vacunas contra el coronavirus. En la misma línea, otros testimonios hablan de los pedidos de Pfizer como "intimidación de alto nivel" y una especie de "chantaje" para tener acceso a las vacunas.

Las "exigencias extremas" y el "apartheid de vacunas"

"Las compañías farmacéuticas no deberían usar su poder para limitar las vacunas salvadoras en países de ingresos bajos y medios", declaró a TBIJ el profesor Lawrence Gostin, director del Centro Colaborador de la Organización Mundial de la Salud en Derecho de Salud Nacional y Global. "(Este) parece ser exactamente lo que están haciendo", lamentó.

Los acuerdos para la distribución de vacunas suelen tener cláusulas donde los ciudadanos pueden obtener una compensación del Gobierno, y no del laboratorio que fabricó la vacuna, en caso de que presente efectos adversos luego de recibir el antídoto contra la enfermedad. Sin embargo, funcionarios de Argentina y otros países denunciaron que, en el caso de Pfizer, las demandas iban más allá que las otras fabricantes de vacunas, y más allá de las condiciones de Covax, una organización creada para garantizar que los países de bajos ingresos puedan acceder a las vacunas, quien también exige sus miembros que otorguen inmunidad a los fabricantes.

La responsabilidad sobre los efectos adversos de las vacunas recae muchas veces en los Gobiernos

Esto representa una carga adicional para algunos países porque significa tener que contratar abogados especialistas y, a veces, aprobar una nueva legislación compleja, para poder eximir a los fabricantes de sus responsabilidades.

Algunos activistas ya están advirtiendo sobre un "apartheid de vacunas" en el que los países occidentales ricos podrían ser inoculados años antes que las regiones más pobres. Actualmente, expertos legales han expresado su preocupación de que las demandas de Pfizer equivalen a un abuso de poder.

La respuesta de Pfizer

La farmacéutica tiene acuerdos con nueve países de América Latina y el Caribe: Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, México, Panamá, Perú y Uruguay. Sin embargo, se desconocen los términos de esas negociaciones.

Consultados por TBIJ acerca de las denuncias realizadas por funcionarios argentinos, brasileños y peruanos, Pfizer se limitó a decir que "están comprometidos a apoyar los esfuerzos destinados a brindar a los países en desarrollo el mismo acceso a las vacunas que el resto del mundo", y no quisieron comentar acerca de las negociaciones en curso. 

"A nivel mundial, también hemos asignado dosis a países de ingresos bajos y medianos bajos a un precio sin fines de lucro, lo que incluye un acuerdo de compra anticipada con Covax para suministrar hasta 40 millones de dosis en 2021", comunicaron desde el laboratorio.

En cinco años, cuando se acaben los acuerdos de confidencialidad que Pfizer mantuvo con los distintos países, el mundo sabrá lo que realmente ocurrió en las negociaciones.