Vialidad Nacional presentó una demanda contra la ex presidenta Cristina Kirchner y otros ex funcionarios con el objetivo de recibir resarcimiento económico por las concesiones de obras públicas que el kirchnerismo habría direccionado en favor del empresario detenido Lázaro Báez. 

La demanda fue presentada en los últimos días por los asesores legales de la Vialidad, a cargo de Javier Iguacel, en el juzgado federal que maneja Julián Ercolini, el juez que interviene en la causa en la que se investiga el supuesto direccionamiento de la obra pública, informaron hoy fuentes judiciales. 

La demanda civil contra la ex presidenta fue presentada en el fuero federal porque el código procesal establece que se puede ejercer esa acción en el mismo juicio penal en el que se juzga el hecho principal.

En los próximos días, cuando concluya la feria judicial de enero, el juez Ercolini trasladará la denuncia a los demandados para que la puedan contestar y luego enviaría la causa por el presunto direccionamiento de la obra pública en favor de Lázaro Báez a juicio oral. 

La semana pasada, la defensa de la ex presidenta y actual senadora nacional solicitó que la causa por la que se encuentra procesada como jefa de una asociación ilícita pase a juicio oral y público para lograr “el esclarecimiento definitivo de los hechos”.

En esta causa también fueron procesados el detenido ex ministro de Planificación Julio De Vido, el también detenido ex secretario de Obra Pública José López y el empresario Báez, entre otros, a raíz del supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz durante la gestión kirchnerista.

En la causa se investigan 52 contratos por 46.000 millones de pesos durante el kirchnerismo, que habrían sido direccionados a cambio del pago de sobornos que se investigan en otras causas, como Hotesur y Los Sauces.

Ercolini está a cargo de esta investigación que, según directivas ya dadas por la Cámara Federal porteña, podría en un futuro ser ventilada en juicio oral como parte de una megacausa junto a las que tramitan el supuesto pago de sobornos a la ex presidenta y su familia a través de falsos alquileres de plazas hoteleras y propiedades en dos de sus sociedades: Hotesur y Los Sauces.