El oficialismo consiguió en la Cámara de Diputados aprobar el desafuero del ex ministro de Planifi cación Julio

De Vido, que finalmente se entregó en los Tribunales federales de Comodoro Py. De Vido perdió su inmunidad parlamentaria en el mismo instante en el que el tablero del recinto marcó 176 votos positivos. Teniendo en cuenta que al momento de votar ocupaban sus bancas 178 legisladores, se necesitaban 119 votos, es decir que el oficialismo perforó ampliamente los dos tercios necesarios para excluir el ex ministro kirchnerista. Es más, la mayoría se hubiera alcanzado incluso con los 257 diputados en sus bancas. No hubo votos negativos y sólo se abstuvo el cordobés Juan Manuel Pereyra (Concertación-FORJA).

Sumidos en una profunda crisis interna, el bloque del FpV que conduce Héctor Recade, que mantuvo un fuerte hermetismo respecto al tema, anunció minutos antes de que comenzara la sesión que no se presentarían al debate por entender que detrás del pedido de la Justicia, “existe un plan de persecución a opositores”.

Sin embargo, seis diputados del FpV decidieron acompañar a Cambiemos en la embestida contra el ex ministro. Los “rebeldes” fueron María Emilia Soria y Luis Bardeggia (Rio Negro), Miriam Gallardo (Tucumán), Ana Llano (Chubut) y los sanjuaninos Daniela Castro y Ramón Tovares. El proceder de estos diputados que se diferenciaron de su bloque se explica en la relación que sus gobernadores -ganadores en las elecciones del pasado domingo- deben mantener con la Casa Rosada en un período en el que el Gobierno recuperó confi anza para avanzar en las distintas reformas impositivas que tiene en carpeta y para las que convocó a un diálogo a los mandatarios provinciales.

Soria, que consiguió renovar su banca, ya había adelantado su postura y ayer, se manejó como la vocera de los diputados que se desmarcaron del bloque. Aunque lanzó duras críticas contra el ajuste del Gobierno, expresó: “Yo nací en una casa peronista y aprendí dos cosas: a no renunciar a mis principios y a dar siempre la cara”.

El bloque Justicialista, que integran dirigentes sindicales y que escindió del kirchnerismo hace tiempo, sumó 17 votos para que De Vido quede afuera de la Cá- mara baja. “El peronismo ha dado mucho más al país que los lamentables personajes que se están mencionando aquí”, dijo el titular del bloque, Oscar Romero, al justi- fi car su voto.

Desde la Izquierda, que había avalado al ex funcionario en la sesión en la que se lo intentó expulsar por “inhabilidad moral”, esta vez aportó 4 votos. “De Vido tiene que ir preso”, sentenció Juan Carlos Giordano, para luego arremeter contra funcionarios del actual el Gabinete: “los nuevos De Vido son Aranguren) y Dietrich”.

Los santiagueños del Frente Cívico conducido por Gerardo Zamora, los puntanos liderados por los hermanos Adolfo Rodrí- guez Saá, los cordobeses referenciados en Juan Schiaretti y los misioneros conducidos por Maurice Closs también votaron con el oficialismo.

La lista de los votos a favor se completa con el frente Progresistas, la izquierda, los tucumanos Juan Casañas y Teresita Villavicencio, los bonaerenses del bloque Juntos por Argentina y los monobloquistas Claudio Poggi (Avanzar San Luis), Alcira Argumedo (Proyecto Sur), Sandro Guzmán (Frente Norte) y Alfredo Olmedo (Salta Somos Todos).

  • El Movimiento Evita justificó su ausencia en el recinto

El bloque del Movimiento Evita fundamentó su decisión de no asistir a la sesión en que la implementación de ese mecanismo debe sostenerse en base a procesos “debidamente sustentados” y no “ejercidos en base a sospecha”.

De esta manera, la bancada presidida por Leonardo Grosso, integrada por cinco diputados que se fueron del bloque FpVPJ en 2016, justificó su decisión de no bajar al recinto.

En un comunicado de prensa, los diputados del Peronismo para la Victoria aseguraron que “las prácticas corruptas tienen que ser extirpadas de nuestro sistema político e institucional, que los funcionarios que actúan para enriquecerse deben ser condenados con todo el peso de la ley y separados del ejercicio de la función pública”.

Sin embargo, los diputados advirtieron que “la implementación de los mecanismos de juicio y desafuero deben realizarse en el marco del apego al derecho, a procesos judiciales debidamente sustentados en cuanto al material probatorio y a la temporalidad procesal, y no ejercidos en base a sospecha, ya que esto marcaría una tendencia con antecedentes nocivos y de peligrosidad institucional”.

“No toleramos ni somos cómplices de la corrupción, pero tampoco vamos a ser partícipes de un antecedente en el cual el poder de turno pueda vulnerar el voto popular, haciendo de su mayoría parlamentaria un tribunal para ejercer una condena sin juicio”, aseveraron.