El exjefe de Gabinete Manuel Adorni enfrenta el vencimiento del plazo para responder ante la Justicia por una serie de inconsistencias detectadas en su patrimonio. El fiscal federal Gerardo Pollicita le solicitó explicaciones sobre 20 puntos vinculados con bienes, gastos y movimientos de dinero durante el período en el que estuvo en la función pública.

El nuevo plazo vence el próximo martes y, hasta el momento, Adorni no presentó las respuestas requeridas. Su defensa podría solicitar otra prórroga de 15 días para completar la documentación y preparar el descargo.

La causa investiga un presunto enriquecimiento ilícito y abarca el período comprendido entre el 14 de diciembre de 2023, cuando Adorni ingresó a la función pública, y el 27 de junio de 2026, cuando dejó el cargo de jefe de Gabinete. La investigación también alcanza a su esposa, Bettina Angeletti.

La diferencia de $43 millones bajo análisis

Uno de los principales puntos señalados por la fiscalía surge de la comparación entre los ingresos comprobados del grupo familiar y los gastos registrados durante el período investigado.

Según el requerimiento de Pollicita, los ingresos comprobados de Adorni y Angeletti alcanzaron los $229.752.283,20. En el mismo período, la fiscalía reconstruyó gastos por $272.820.832,20, que incluyeron seguros, expensas, electrodomésticos, servicios, impuestos, viajes y consumos con tarjetas.

La diferencia entre ambos montos asciende a $43.068.549 y es uno de los puntos que el exfuncionario debe explicar ante la Justicia.

A ese desfasaje en pesos se suma otro conjunto de operaciones en moneda extranjera. La fiscalía reconstruyó desembolsos por US$402.578,12 vinculados con propiedades, refacciones, mobiliario, alquileres temporarios y viajes al exterior que, según el requerimiento, no encuentran correlato suficiente en los ingresos lícitos comprobados.

Qué debe explicar Adorni

El requerimiento fiscal incluye 20 puntos sobre distintos movimientos patrimoniales. Entre ellos aparece el origen de dólares en efectivo que fueron declarados bajo el concepto de venta de activos, por lo que la fiscalía solicitó precisar qué bienes fueron vendidos, quiénes fueron los compradores y qué documentación respalda esas operaciones.

También se pidieron explicaciones sobre préstamos recibidos de familiares, la compra de un vehículo y diferentes gastos vinculados con propiedades.

Uno de los puntos centrales está relacionado con el lote 380 del country Indio Cuá. La investigación analiza el dinero destinado a refacciones y busca establecer el origen de los fondos utilizados para afrontar esas obras.

Además, la fiscalía pidió información sobre gastos vinculados con una propiedad ubicada en la calle Miró 550, mobiliario y honorarios profesionales relacionados con operaciones inmobiliarias.

El dinero en dólares y las operaciones con criptomonedas

Otro de los ejes del requerimiento está relacionado con las operaciones en dólares y el patrimonio que Adorni dijo haber construido antes de ingresar al Gobierno.

La fiscalía busca determinar el origen de los fondos utilizados para inversiones en criptoactivos y cómo se vinculan esos activos con la evolución patrimonial posterior. También requiere documentación sobre movimientos de dinero realizados mediante terceros y pagos en efectivo.

Entre los puntos solicitados figuran además movimientos de cuentas bancarias, tarjetas de crédito, billeteras virtuales y operaciones que no habrían quedado reflejadas de manera completa en las declaraciones patrimoniales analizadas por los investigadores.

La prórroga que ya fue concedida

El requerimiento original de Pollicita fue presentado en agosto y estableció un plazo de 15 días para que Adorni entregara documentación y explicaciones. Antes de que venciera ese período, su defensa pidió más tiempo y acceso a documentación incorporada a la causa.

El juez federal Ariel Lijo concedió entonces una prórroga de otros 15 días. También autorizó el acceso a archivos obtenidos del teléfono del contratista Matías Tabar, considerado un testigo relevante en la investigación.

Adorni buscaba acceder a conversaciones y documentación vinculadas con Tabar, especialmente por las diferencias existentes sobre el costo de las refacciones realizadas en el inmueble de Indio Cuá. Según la defensa, esos trabajos no habrían tenido el costo que surge de una de las declaraciones incorporadas al expediente.

Ahora, con el nuevo vencimiento, la defensa debe presentar las respuestas o solicitar formalmente otra extensión. Si las explicaciones fueran consideradas insuficientes, la causa podría avanzar hacia nuevas medidas judiciales, incluida una eventual citación a declaración indagatoria.