La querella de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa por intento de magnicidio insistirá mañana ante la Cámara Federal porteña con su reclamo para que se amplíe la declaración indagatoria a los tres detenidos y se les impute el delito de asociación ilícita. Se trata de una audiencia fijada por la sala I del Tribunal de Apelaciones luego de la negativa de la jueza del caso, María Eugenia Capuchetti, a ordenar lo pedido, informaron fuentes judiciales.

"Solicitamos que se indague a Brenda Uliarte, a Fernando Sabag Montiel y a Gabriel Carrizo por la plataforma fáctica recabada hasta el momento que, además de revelarlos como coautores del delito de homicidio, muestran que operaban como una asociación ilícita", indicaron los letrados en el escrito de apelación cuyos fundamentos ampliarán el martes.

La magistrada, al no disponer ampliar las declaraciones indagatorias para imputar los nuevos hechos y dar a los acusados la posibilidad de hacer un descargo, "veda la posibilidad de que la elevación a juicio abarque los hechos que tiene que abarcar y sea calificada como tiene que serlo", según agregaron.

Mientras tanto, los apoderados de la Vicepresidenta José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal insistirán también en que uno de los acusados procesado como partícipe secundario, Gabriel Carrizo, debe ser considerado coautor del intento de asesinato al igual que Sabag Motiel y Uliarte, en base a nueva prueba incorporada luego del procesamiento.

Los argumentos serán escuchados por los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens en una audiencia convocada para el próximo martes 13 de manera presencial en los tribunales federales de Retiro.

 

 

Los mensajes previos al intento de magnicidio a CFK

La mañana del 2 de septiembre, horas después del intento fallido de asesinato por parte de Sabag Montiel, Carrizo envió dos mensajes: "Es un golpe que le dimos al Gobierno" y "esto se va a poner peor". Cabe aclarar que Carrizo era jefe del grupo de supuestos vendedores de copos de nieve para el que trabajaban Sabag Montiel y Uliarte.

Esos y otros mensajes no le fueron atribuidos a Carrizo en su declaración indagatoria y por ello "hacen imperante una ampliación de la imputación".

Capuchetti no ordenó las medidas pedidas y la querella recurrió en apelación ante la Cámara Federal que el mes pasado confirmó a la magistrada en la causa pero le ordenó profundizar en la llamada "pista Milman", vinculada al diputado del PRO Gerardo Milman.

Sobre Carrizo, se puso énfasis en mensajes enviados la noche del atentado, cuando a las 23:17 del 1 de septiembre escribió a un contacto agendado como Kevin Bargas 2:

• Recién intentamos matar a Cristina (23:17)
• Mi empleado (23:17)
• Le quiso disparar (23:17)
• Va a ir preso (23:17)
• El arma es mía, amigo (23:18)
• Te lo juro por Dios (23:18)
• Estamos con el grupo (23:18)
• Todos juntos (23:18)

"Al momento del procesamiento, como vimos, los mensajes atribuidos a Carrizo eran muchos menos" y por ello se encuadró su rol en el de partícipe secundario, pero "lo cierto es que el nuevo cúmulo de mensajes, sumado a los ya imputados, imponen procesar a Carrizo no como cómplice sino como coautor", señaló Télam.

En otro mensaje, Miguel Ángel Castro Riglos (uno de los supuestos vendedores de copos de nieve) envió al mismo grupo, cerca de las 2:30 de la madrugada del 2 de septiembre, las afirmaciones "Listo giroso al final puso inestable a la política argentina" y "Literalmente logramos lo imposible, pusimos inestabilidad al país".

Ante esos mensajes, Carrizo respondió: "Sinceramente, si bajan a Cristina; bajan a la Cámpora; Y con esto le damos un golpe terrible al Gobierno; Ya fue avisada".

Secuestro del celular de Milman

La semana pasada la querella presentó otro escrito para pedir a la jueza el secuestro del teléfono celular de Milman y al fiscal nuevas medidas en torno a esta línea, entre ellas entrecruzamiento de llamadas entre todos los investigados.

Pero ante la Cámara, los abogados insistirán en lo relativo al rol de los tres detenidos por el intento de homicidio agravado, quienes a su criterio deberían llegar a juicio oral también procesados por asociación ilícita.

El ataque "no estaba destinado exclusivamente a matar a la vicepresidenta" sino también a "desestabilizar el sistema político y constitucional en general", advirtió la querella al pedir las medidas.

"A esta altura de la investigación, consideramos imperioso secuestrar el celular cuyo análisis es más importante para la pesquisa, el de Gerardo Milman", sostuvieron los apoderados de la Vicepresidenta, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal, en un escrito al que tuvo acceso Télam.